La Oficina de Atención a la Víctima (Ofavi) de la fiscalía de Cipolletti sostuvo, en 2020, que Patricia Rendón Rodríguez estaba suficientemente protegida. Con esa información y el pedido de la víctima de interrumpir el proceso, la fiscala Anabella Camporessi pidió el sobreseimiento de Fernando Cronenbold en una causa por lesiones y amenazas. La funcionaria del Ministerio Público admitió que el proceso penal le trajo a la víctima consecuencias más adversas que favorables. Cronenbold está imputado por el femicidio de la joven de 31 que ocurrió el martes 28 de junio en Catriel.
Se confirmó la existencia de una causa anterior entre Patricia y su pareja Fernando Cronenbold, hoy detenido por el femicidio. El 13 de marzo de 2020, mantuvieron una discusión mientras almorzaban. Él la tomó del cabello y le dio un golpe de puño en la cabeza. Ella se defendió con un cuchillo. Él la amenazó: le dijo que iba a matarla y enterrarla.
Por ese episodio la jueza de paz de Catriel Georgina Garro y el juez de familia de Cipolletti Jorge Benatti dictaron una exclusión del hogar y una prohibición de acercamiento. Es más, Benatti ordenó un arresto por cinco días. Las actuaciones pasaron al fuero penal y a Cronenbold le formularon cargos por lesiones y amenazas en contexto de violencia de género.
La audiencia de formulación de cargos se hizo recién en octubre, es decir siete meses después del hecho. Una semana antes Patricia se presentó en la Ofavi y dijo que había retomado la relación con Fernando, que salían a andar en bicicleta y a tomar helados. Que todavía dormían en viviendas separadas, pero que no quería que la molestaran más con llamados, por ningún motivo.
Explicó que el proceso penal le generaba muchos problemas y se volvía en contra de la relación porque lo llamaban a su esposo, luego a ella y se generaba desgaste. Y pidió que le avisaran al juez de familia que levantara las medidas de prohibición de acercamiento. Este medio tuvo acceso al contenido del informe.
La información no hace más que confirmar lo que RIO NEGRO refirió en varias publicaciones. Las víctimas se quejan del abordaje de la Ofavi, sienten que las llaman en reiteradas oportunidades veces y que el proceso es muy lento. También forma parte del círculo de la violencia desestimar las acusaciones. Se desconoce porque se demoró tanto la imputación, en un sistema procesal que se destaca por su rapidez.
El informe de la Ofavi sostiene que se observan todos los factores de protección de parte de la señora Patricia Rendón Rodríguez, autovalimiento, independencia económica y que además sabe utilizar y acceder a las herramientas judiciales. Que no se observa condicionamiento de la voluntad, que su decisión es consciente, que está segura que su pareja va a cumplir con lo pactado y que no va a volver a maltratarla.
Con esa información Camporessi pidió el sobreseimiento y explicó que por tratarse de un delito “dependiente de instancia privada” no iba a poder llegar a juicio sin la víctima, que además no le atendía el teléfono. La funcionaria dijo que la perspectiva de género también implica oír a la víctima y respetar su decisión.
La jueza de garantías Laura Gonzalez Vitale escribió en la resolución que en este nuevo proceso los jueces y las juezas no pueden resolver otra cosa distinta cuando hay acuerdo de partes: en este caso la fiscala y el defensor oficial. Pero utilizó un voto de la jueza del tribunal de impugnación Rita Custet, ex defensora general de Río Negro. “Dicha magistrada (por Custet) hizo hincapié en la necesidad de que los operadores judiciales escuchen a las víctimas de estos legajos para resolver lo que es más conveniente a sus derechos”, afirmó.
Sin más explicaciones, Cronenbold se fue con su sobreseimiento en mano. En realidad no se fue porque no asistió a la audiencia y nunca contestó el teléfono. Las amenazas en 2020 se resignificaron con el femicidio de la joven de Catriel el martes pasado.
Fuente: (Río Negro)
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