En las vísperas de la primera ola de covid en la región, seis delegados de gremio Petroleros Privados irrumpieron el yacimiento Medanito, ubicado a 30 kilómetros de Catriel, y generaron una serie de acciones que pusieron en un «grave riego» el medio ambiente.
Ese es el punto de partida de la fiscalía de Cipolletti para solicitar elevar a juicio la causa penal contra los gremialistas. El 21 de julio de 2020, se produjo un incidente en el bloque que opera Petróleos Sudamericanos (PS) por un conflicto gremial. El sindicato pretendía que la operadora reincorporese a 10 operarios de la firma AESA que habían sido desafectados.
El fiscal jefe Gustavo Herrera aseguró que extralimitaron sus derechos gremiales y que pusieron en grave riesgo ambiental la zona. El 27 de abril está fijada la audiencia de control de acusación. La postura del defensor Marcelo Hertzriken Velasco es que se trata de una criminalización de la protesta.
Ceferino Leiva, Javier Rivero, Walter Pizarro, Carmelo Mongada, Rolando Gutiérrez y Juan Leiva están imputados por los delitos de coacción y de impedir el normal funcionamiento de los transportes por tierra y el servicio público de electricidad o de sustancias energéticas.
Según la teoría de la fiscalía obligaron a los empleados de PS, Oldeval y Medanito a no ingresar a sus puestos de trabajo en el Yacimiento, y al mismo tiempo dispusieron que los empleados que estaban trabajando abandonen sus puestos de trabajos.
Herrera adelantó que hay testigos y peritos que explicarán en el juicio los riesgos ambientales que generó la maniobra. El primer semestre del 2020 hubo varios cruces entre la operadora y el sindicato por una serie de contratos de servicios.
Meses antes hubo un acuerdo entre el CEO Alfredo Bonatto y el exsecretario General Guillermo Pereyra. Sin embargo la interna generó el incidente que dejó sin energía el área por 36 horas. La estimación es que el conflicto generó un impacto de 7 millones de pesos.
En ese yacimiento también se encuentra la planta de tratamiento y despacho de crudo de PS, la planta de bombeo de crudo de Oldelval y la planta de tratamiento y compresión de Gas de Medanito. También allí se ubica la infraestructura de la Estación y Subestaciones del suministro eléctrico, que es transportado por Transcomahue SA.
El caso
Según el expediente, cerca de las 9 del 21 de julio de 2020, Ceferino Leiva y Javier Rivero, obligaron bajo amenazas a Juan Ramón Martínez y Segundo Polinario Cerda, operarios de la subcontratista Bramix SRL a abrir el portón de ingreso a la Subestación Transformadora Eléctrica del Yacimiento.
«El corte de energía eléctrica en la Subestación Transformadora Eléctrica constituyó el anuncio de un mal grave lo que representó un severo riesgo al medio ambiente y la seguridad común, dado que los pozos que producen gas y petróleo se encontraban operativos, pero las instalaciones en donde se debe captar ese hidrocarburo estaba sin alimentación eléctrica, corriendo riesgos la integridad física de las personas y el medio ambiente», sostiene la teoría de fiscalía.
Luego, «de manera coordinada», los imputados Carmelo Gutiérrez Moncada, Javier Gutiérrez y Juan Carlos Leiva, ocuparon por la fuerza la planta de tratamiento de crudo que se encuentra dentro del Yacimiento, y obligaron a los operadores a detener el funcionamiento de la misma, «generando un riesgo inminente de desborde y contaminación ambiental».
Herrera explicó que ante el daño que se estaba produciendo y el peligro inminente de una «catástrofe ambiental» dos supervisores de PS ingresaron a la subestación y restablecieron la energía al yacimiento, «tras lo cual fueron coaccionados por los imputados Ceferino Leiva y Javier Rivero», quienes se movilizaban en dos camionetas, juntos al menos seis personas desconocidas que se mostraron agresivos, y lo obligaron mediante amenazas a cortar nuevamente la energía a todo el yacimiento.
Fuente: (Río Negro)
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