La presentación judicial quedó registrada bajo el expediente T.C.M N°46/26 y fue acompañada por un cuerpo documental de 25 fojas con elementos probatorios y observaciones realizadas por el organismo de control municipal. Según se desprende de la documentación presentada, la denuncia apunta a investigar posibles delitos contra la administración pública vinculados con contrataciones efectuadas entre la Municipalidad de Catriel y la empresa mencionada.
La firma Atlas estaría vinculada a una funcionaria, integrante de la actual gestión municipal y quien se desempeñó en distintas áreas del Ejecutivo local durante los últimos años.
En el escrito presentado ante la Justicia, el Tribunal de Cuentas solicitó que se determine la eventual responsabilidad penal tanto de la funcionaria mencionada como de los titulares formales o reales de la empresa contratista y de aquellos funcionarios o agentes municipales que hayan intervenido en la autorización, tramitación o pago de las contrataciones observadas. Además, se requirió la adopción de medidas probatorias para esclarecer una posible titularidad encubierta, conflicto de intereses, incompatibilidad funcional, eventual beneficio económico indebido y posible perjuicio al patrimonio municipal.
Desde distintos sectores políticos remarcaron que la propia Carta Orgánica Municipal prohíbe este tipo de situaciones al establecer incompatibilidades y restricciones para funcionarios vinculados a contrataciones con el Estado local. No obstante, también señalaron que administraciones municipales anteriores habrían realizado maniobras similares sin respetar el artículo correspondiente de la normativa.
La denuncia lleva las firmas de integrantes del Tribunal de Cuentas y ya fue recepcionada oficialmente por la Fiscalía Descentralizada de Catriel.
A través de una publicación en redes sociales, desde el organismo señalaron que la denuncia fue impulsada por ambos bloque representados en el Tribunal (Primero Río Negro – Juntos Somos Río Negro) y remarcaron la necesidad de “exigir transparencia, defender la ética en la gestión y proteger el erario público que pertenece a todos los vecinos”.
