Franco Rivero, integrante del Tribunal de Cuentas de Catriel, confirmó que el organismo formalizó una denuncia penal por presuntas irregularidades en contrataciones municipales realizadas con un comercio vinculado a una funcionaria de la actual gestión. Aseguró que la situación fue advertida hace meses al Ejecutivo y al Concejo Deliberante, pero “nadie tomó acciones”.
En una extensa entrevista radial, el integrante del Tribunal de Cuentas de Catriel, Franco Rivero, se refirió públicamente a la denuncia penal presentada ante la Fiscalía local por presuntas contrataciones realizadas por el Municipio con un comercio ligado a una funcionaria municipal.
Rivero sostuvo que el organismo de control viene observando la situación desde hace varios meses y aseguró que previamente se realizaron advertencias tanto al Ejecutivo Municipal como al Concejo Deliberante.
“Nosotros no somos improvisados. Buscamos asesoramiento para no decir algo de más ni dejar mal al Ejecutivo por gusto. Nuestro objetivo es controlar y advertir”, expresó.
Según explicó, la preocupación del Tribunal radica en un posible conflicto de intereses y una eventual incompatibilidad contemplada dentro de la normativa municipal y la ordenanza de ética pública vigente.
“Lo ético está mal. Después será la Justicia la que determine si existe una irregularidad penal. Pero no se puede estar de los dos lados del mostrador: pagar y darse el vuelto”, manifestó.
Rivero indicó que las contrataciones observadas rondarían entre los 2 y 3 millones de pesos distribuidos en distintas facturas, aunque aclaró que el monto “no es el punto central de la discusión”.
“La discusión es que una persona vinculada a la gestión facture al Municipio. Sea por 10 pesos o por 20 millones”, afirmó.
El miembro del Tribunal también reveló que las facturas fueron observadas administrativamente antes de ser abonadas y que incluso se mantuvieron reuniones con autoridades del Concejo Deliberante para advertir sobre la situación.
“Advertimos al Ejecutivo, advertimos al Concejo y nadie dijo nada. Todos se lavaron las manos”, cuestionó.
Durante la entrevista, Rivero aseguró además que el Tribunal atraviesa dificultades internas por la falta de asesoramiento contable y legal, reclamo que —según dijo— vienen realizando desde hace más de un año sin respuestas favorables por parte del Ejecutivo.
“No tenemos contador ni abogado. Hemos propuesto profesionales y siempre nos dicen que no hay plata o que la Intendenta no lo aprueba”, señaló.
Rivero-Ormeño-Peñalba (Integrantes del Tribunal de Cuentas en Fiscalia)
En otro tramo, defendió el accionar del organismo y rechazó las críticas recibidas sobre el funcionamiento del Tribunal de Cuentas.
“Nosotros no hacemos política, hacemos control. Lo mínimo que hay que hacer es cumplir la función para la que estamos”, sostuvo.
Respecto al avance de la causa, explicó que ahora será la Fiscalía quien determine si existió o no una conducta irregular y anticipó que, en caso de confirmarse incompatibilidades, el Tribunal podría avanzar solicitando sanciones administrativas o la destitución de la funcionaria involucrada.
“Con la plata de Catriel las cosas tienen que hacerse bien. La plata pública tiene que beneficiar a Catriel, no a una persona”, concluyó Rivero.
