La Legislatura Rionegrina aprobó esta mañana el pase a planta permanente de casi 3000 empleados públicos de la administración provincial, logrando su estabilidad laboral y poniendo punto final a la precarización.
“En esta provincia pasamos del Estado de la disponibilidad a un Estado de plena estabilidad. Alcanzamos la precarización laboral cero en la administración y esto no había ocurrido nunca antes en Río Negro”, expresó exultante el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.
“Estos son tiempos que nos han tenido por protagonistas a los trabajadores y a ATE. Esta ley profundiza el proceso de recuperación de derechos y consolida una etapa de jerarquización del empleo público sin precedentes en las últimas décadas”, agregó.
De esta manera, Aguiar hizo referencia a la polémica ley impulsada por el ex gobernador Carlos Soria, que en 2011 desafectó durante 180 días la estabilidad laboral de todo el personal de planta permanente, el Poder Ejecutivo y el Legislativo.
Por el contrario, hace instantes la Legislatura votó por unanimidad a favor del proyecto de ley acordado entre ATE y el Gobierno, que pone fin a un estado de irregularidad contractual con todos aquellos ingresantes al Estado hasta el 28 de febrero pasado.
Lo hizo un año después de haber conseguido que 700 trabajadores –empleados bajo la figura de la “beca”- fueran contratados mediante el Decreto 1976, constituyendo otro mojón en la ampliación de derechos.
Puertas afuera de la Legislatura, miles de militantes de ATE festejaron el resultado de una pelea librada durante años en soledad y que se convirtió en estandarte de sus reclamos. Desde anoche, mujeres y hombres permanecían acampando a la espera de la deliberación.
Basta con ver la situación en otras provincias, e incluso en la Administración Nacional, para comprender la trascendencia de esta conquista que pone a los trabajadores de Río Negro a la vanguardia de la recuperación de derechos laborales.
El proyecto
Con este pase, ingresaría a la planta permanente de la institución todo el personal contratado que acredite idoneidad y cuya tarea o función sea de carácter permanente con anterioridad al 8 de marzo de 2.019, inclusive. Se trata de más de 635 trabajadores.
La ley fue sancionada por 38 votos a favor y uno en contra del legislador Marcelo Mango, ante la presencia del rector del IUPA, Gerardo Blanes, otras autoridades de la institución, y el secretario de Cultura de la Provincia, Ariel Avalos.
Por el oficialismo, Roxana Fernández hizo un recorrido histórico de la institución, mencionó que el instituto cuenta actualmente con 29 carreras universitarias, y expresó la necesidad de garantizar los derechos de los trabajadores que nunca han tenido estabilidad laboral.
Desde el bloque del Frente para la Victoria, Marcelo Mango planteó dudas sobre la forma en que se está dando este tipo de estabilidad. Advirtió sobre la posibilidad de que se esté comprometiendo la autonomía universitaria. Propuso que se incorpore un artículo donde se contemple el convenio colectivo de trabajo y la moción fue rechazada.
Alejandro Palmieri defendió el proyecto del Ejecutivo, reafirmó la necesidad de contar con una ley para asegurar la estabilidad laboral a los trabajadores del Instituto. Desatacó la decisión política y financiera del gobierno provincial de darle al IUPA el reconocimiento nacional universitario. En respuesta a los cuestionamientos de Mango, aseguró que la ley respeta la autonomía funcional y la autarquía financiera.
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