Los cinco representantes rionegrinos en la Cámara de Diputados de la Nación votarán a favor del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazado. Pese a pertenecer a tres partidos políticos distintos, todos coinciden que el aborto clandestino es un problema de salud pública y que la ley debe amparar a las personas gestantes en su decisión.
La única diputada que estuvo en la discusión anterior por el aborto legal, Lorena Matzen, votó a favor en el 2018, y afirmó que en esta oportunidad votará en la misma dirección. En su momento Matzen explicó que “el aborto no va comenzar a existir por una ley”.
El diputado Luis Di Giacomo, el único de Juntos Somos Río Negro, también se manifestó públicamente a favor del aborto legal. En su exposición, dijo que se trata de un tema sanitario que hay que abordar más allá de las cuestiones de orden personal.
En el caso de los tres representantes del Frente de Todos, Martín Soria, Ayelén Spósito y la cipoleña Graciela Landriscini. Se manifestaron públicamente a favor del aborto legal.
La médica Spósito participa activamente en la campaña por el aborto legal, y en sus redes sociales publicó en reiteradas ocasiones su apoyó a la ILE. “La maternidad será deseada y con ella debemos garantizar el derecho a decidir, a quienes deciden no hacerlo. También acompañando a quienes, sí deciden maternar, reconociendo la diversidad de maternidades a través del proyecto de 1000 días”, expresó este martes. Junto a una bandera de la Campaña por el Aborto Legal, escribió: “Es necesario legislar por el derecho a decidir de las personas gestantes, es momento de hacer historia”.
El proyecto de aborto legal
El proyecto de ley para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que envió el presidente Alberto Fernández al Congreso establece que “las mujeres y otras personas con identidades de género con capacidad de gestar” tienen derecho a practicarse un aborto hasta la semana 14 del proceso gestacional.
Además, habilita la “objeción de conciencia” por parte de profesionales de la salud que no quieran llevar a cabo la práctica, aunque no será admitida a nivel institucional.
En la propuesta del Poder Ejecutivo se aclara que, fuera de ese plazo de 14 semanas, la persona gestante mantendrá “el derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo” si “fuere resultado de una violación”, cuando se trate de niñas menores de 13 años o si estuviera en peligro la vida o la salud integral de la persona.
En tanto, la iniciativa de los 1000 días establece una nuevo beneficio por Cuidado de Salud Integral, que consiste en el pago de una Asignación Universal por Hijo a concretarse una vez por año para ayudar al cuidado de cada niño o niña menor de tres años.
Extiende, al mismo tiempo, la Asignación Universal por Embarazo (AUE), que pasará de tener seis mensualidades a nueve, para abarcar la totalidad de la gestación.
También se amplía el pago por Nacimiento y por Adopción a las personas beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que hasta ahora están excluidas de este beneficio.
De acuerdo con el texto, el programa también prevé la provisión pública y gratuita de insumos esenciales durante el embarazo y para la primera infancia, coordinando y ampliando los programas existentes, y la creación del Sistema de Alerta Temprana de Nacimientos y el Certificado de Hechos Vitales con el objeto de garantizar el derecho a la identidad de las niñas y niños recién nacidos.
(LMCipolletti)
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