El sistema de riesgos del trabajo argentino ha demostrado ser una herramienta eficaz en la protección de la salud laboral. Desde su creación, salvó más de 19.000 vidas y evitó casi 4 millones de accidentes. Ofrece asistencia médica inmediata, rehabilitación, recalificación profesional y prestaciones económicas actualizadas. Sin embargo, hoy enfrenta una amenaza silenciosa pero profunda: la litigiosidad.

La paradoja es evidente. Mientras los índices de siniestralidad caen de forma sostenida, los juicios se disparan. En 2023, el índice de judicialidad alcanzó los 114,2 juicios cada 10.000 trabajadores, una cifra muy superior a la de otros países con sistemas comparables, como España o Chile. Lo más grave es que el 88% de estas demandas corresponde a casos sin incapacidad real o enfermedades no listadas.

Este fenómeno no sólo desafía la lógica, también altera el equilibrio económico del sistema. En muchas jurisdicciones, los tribunales aplican criterios de actualización y tasas de interés que multiplican los montos indemnizatorios de forma desproporcionada. Existen casos en los que una suma original de $200.000 termina, años después, convertida en un juicio por más de $30 millones. Esto genera un escenario de incertidumbre y presión financiera creciente.

Frente a este panorama, las aseguradoras deben adaptar continuamente sus estructuras de costos, afectando la previsibilidad y poniendo en tensión la sostenibilidad del sistema. Nuestro compromiso sigue siendo claro: garantizar atención integral, oportuna y de calidad al trabajador que la necesita. Pero también es necesario ordenar el componente judicial.

Una de las claves está en aplicar en todo el país los Cuerpos Médicos Forenses previstos por la Ley 27.348. Estos organismos, conformados por profesionales seleccionados por concurso y con honorarios fijos, aportan evaluaciones objetivas y homogéneas. Donde se implementaron, los niveles de litigiosidad descendieron de forma marcada.

Es tiempo de recuperar el círculo virtuoso: prevención, cobertura efectiva, procedimientos ágiles y costos razonables. Un sistema que brinde certezas al empleador y soluciones concretas al trabajador. Judicializar por judicializar no mejora la salud laboral. Por el contrario, la pone en riesgo.

En 2017, el aumento de la litigiosidad impulsó una reforma de la Ley de Riesgos del Trabajo, que estableció criterios claros para las indemnizaciones y dispuso la creación de un Cuerpo Médico Forense en cada jurisdicción. Sin embargo, la implementación de esta medida continúa demorada. Es fundamental que las provincias, a través de sus poderes judiciales, avancen con la conformación de estos cuerpos, tal como fue aprobado por sus respectivas legislaturas. La falta de acción podría generar consecuencias graves para la estructura productiva del país.

Defender lo que funciona implica también corregir los desvíos que lo amenazan. Preservar la sustentabilidad del sistema de riesgos del trabajo no es sólo una cuestión técnica. Es una decisión estratégica para proteger el capital humano del país.

En el marco de sus primeros 10 años el Grupo Aconcagua Energía alcanzó un nuevo hito al obtener la certificación trinorma de su Sistema Integrado de Gestión, consolidando así su compromiso con la mejora continua, la eficiencia operativa, el cuidado del ambiente y la seguridad de las personas.

Continuando su proceso de excelencia y eficiencia operacional, durante 2024, las empresas del grupo energético argentino fueron auditadas y certificadas bajo los estándares de la Organización Internacional de Normalización (ISO). Este proceso fue llevado a cabo por dos prestigiosos organismos de certificación, el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) y Bureau Veritas.

En este marco, las empresas: Petrolera Aconcagua Energía (PAESA), Aconcagua Energía Generación (AEGSA) y la Central Térmica Alto Valle (CTAV) recibieron sus certificaciones por IRAM en: Gestión de la Calidad (ISO 9001:2015), la Gestión Ambiental (ISO 14001:2015) y la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (ISO 45001:2018). Además, Aconcagua Energía Servicios (AENSSA) revalidó su certificación Trinorma obtenida en 2023, tras una nueva auditoría realizada por la certificadora.

Por su parte, el Complejo Hidroeléctrico Cerros Colorados (CCC) mantuvo su certificación en Gestión Ambiental (ISO 14001:2015) después de una exhaustiva evaluación llevada a cabo por el Bureau Veritas.

El proceso de obtención de estas certificaciones fue un desafío riguroso que involucró a equipos multidisciplinarios de todas las empresas certificadas. Este proceso abarcó desde diagnósticos internos, capacitaciones, implementación de mejoras y hasta auditorías externas que permitieron ir atravesando un proceso de mejora continua. Fue un esfuerzo colaborativo y transversal que demostró el compromiso y la dedicación de todos los involucrados en la búsqueda de la excelencia.

Al respecto, María Trabucco, Gerente de Procesos y Calidad del Grupo Aconcagua Energía, indicó: “estas certificaciones reflejan el compromiso de cada uno de los miembros de nuestro equipo y el modelo de excelencia operacional que buscamos tener, así como nuestra cultura; son una prueba de nuestra dedicación al trabajo bien hecho, a la mejora continua y a la sostenibilidad. Gracias a ellas, logramos tener procesos más organizados, eficientes y alineados con los desafíos en constante evolución de nuestra industria».

“El compromiso de Aconcagua Energía con la calidad, lo ambiental y la seguridad y salud en el trabajo se refleja en cada paso de este proceso de certificación. Es un orgullo para el IRAM acompañar a organizaciones que apuestan por la mejora continua como motor de desarrollo y confianza”, señaló Georgina Bertoia, gerente de Sistemas de Gestión de IRAM.

Transferencia de conocimiento hacia las pymes

Tras dos años consecutivos participando del proceso de auditorías con resultados muy positivos, Aconcagua Energía ahora también contribuirá a que otras empresas pymes de las regiones donde opera puedan también transitar el mismo camino de excelencia operacional.

En este sentido, desde la empresa señalaron que parte de su compromiso con el desarrollo local estará puesto en ayudar a que otras empresas del sector puedan también obtener su certificación, y así elevar sus propios estándares. Para ello el equipo de Calidad y Procesos estará participando de espacios en los que compartirá su experiencia y, a su vez, ayudar a las empresas a comprender cuál es el camino para alcanzar este objetivo

Desde su fundación en 2015, Aconcagua Energía mantuvo una política activa de mejora continua e innovación en todos sus procesos. Estos logros han contribuido a reforzar la confianza de clientes, proveedores y comunidades, posicionando al Grupo como un líder en la industria energética argentina.

Acerca de Aconcagua Energía

Aconcagua Energía (AE) es un grupo integrado de empresas que desarrolla y produce hidrocarburos líquidos y gaseosos, genera energía eléctrica y opera en la industria del petróleo y gas, así como en el sector de energías renovables. Actualmente, posee 14 concesiones hidrocarburíferas en las cuencas Neuquina y Cuyana, con presencia en Mendoza, Río Negro y Neuquén. Cuenta con centrales hidroeléctricas y térmicas, además de proyectos fotovoltaicos y eólicos. A través de sus diversos proyectos, AE contribuye al desarrollo energético del país, empleando directamente a 700 personas y generando más de 2.500 puestos de trabajo indirectos.