Catriel-Durante la madrugada de este martes confirmaron el robo de un automóvil en barrio las 400 Viviendas, el mismo se cree estaría en Cipolletti, según investigación policial

El hecho habría acontecido entre las 3 y las 5 de la mañana en uno de los estacionamientos de este barrio, lindante a escalera n°28, donde el dueño del rodado constató cerca de las 5 de la madrugada que el mismo no estaba.

Rápidamente la victima realizó la denuncia en la U9 local, constatando por escritolo siguiente:

El ciudadano Rueda Mateo Alejandro; cerca de las 5hs constató el hurto del vehículo marca Fiat, modelo Palio, dominio ENN-138, motor N° 178D70556904, chasis N° 9BD17116152506786, de color blanco, quien posee un defecto en la puerta del lado del acompañante, la cual es la única que no posee seguro de cierre, el mismo se encontraba estacionado en el patio del sector derecho justo al lado de los nicho de gas, en el interior del vehículo se encontraba toda la documentación, mas herramientas  de trabajo, mismo conforme cámaras de 911 se habría dirigido hacia zona de Cipolletti.-

Cualquier dato comunicarse al: 2994298664

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(C25N) Familiares de la joven y vecinos de la localidad, Solicitarán a las autoridades judiciales de la provincia que el juicio por el femicidio de la joven de Catriel se realice en esta localidad.

Para ello hay que ingresar al siguiente sitio y firmar: http://forms.gle/ONGWpRrXNHnsAr4C9

Formulario de apoyo por juicio de Agustina Atencio

Quienes adherimos, familiares, amistades y población de la provincia de Río Negro; solicitamos al Consejo de la Magistratura/Presidente del Superior Tribunal de Justicia, que el Juicio por el Femicidio de la adolescente Agustina Belén Atencio se lleve a cabo en nuestra Ciudad de Catriel.
Basamos nuestro pedido, conociendo que nuestra ciudad cuenta con las instalaciones edilicias-técnicas-físicas necesarias para mencionado evento y se busca sentar precedente que los Juicios con Jurado Público se realicen en la ciudad donde se comete el delito

Este lunes se llevó a cabo la última audiencia de control de acusación contra Ezequiel Rebolledo por el femicidio de Agustina Atencio en Catriel. Una vez finalizada esta instancia, se confirmará si será el primer juicio por jurados en Cipolletti.

Cabe remarcar que la primera audiencia se realizó el miércoles 3 de marzo a través de la plataforma Zoom y se prevé que la misma culmine el 15 de marzo. Una vez que se exponga la pretensión punitiva, se espera que el juez solicite a la Oficina Judicial la preparación del juicio por jurados.

Según indicaron desde Fiscalía, este sería el primer caso de la Cuarta Circunscripción Judicial en condiciones de resolverse a través de un juicio por jurados dado a la calificación legal con una pena grave mayor a los 12 años. En este caso, la acusación del Ministerio Público Fiscal es la de femicidio, que contempla una condena de prisión perpetua.

Con la modificación del Código Procesal Penal de Río Negro, se decidió que todos los casos en los cuales la Fiscalía pretenda más de 12 años de prisión serán sometidos al análisis y veredicto de un Jurado Popular de 12 integrantes, sin distinciones intermedias.

Luego de presenciar todo el debate y analizar las pruebas el jurado deberá decidir si el acusado es o no culpable del delito. Esa decisión deberá ser por unanimidad o contar con 10 votos de culpabilidad. Si no se obtiene la mayoría necesaria, el imputado será absuelto.

El jurado será elegido por sorteo una vez al año a través del Padrón Electoral. No es necesario tener conocimientos de derecho y quedarán excluidos trabajadores de la Justicia, policías y referentes religiosos.

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El Secretario General del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa Guillermo Pereyra, relanzó hoy ante 300 delegados la agrupación interna Azul y Blanca, la línea interna del oficialismo. La convocatoria tuvo lugar en un contexto en el que la entidad ya le reclamó al ministerio de Trabajo de la Nación que deje de lado la suspensión de los comicios producto de la pandemia, un pedido que fuentes del gremio afirmaron que tiene el aval de la CGT.

En medio de un acto de tinte netamente político, dio dos datos sobre las finanzas del gremio: señaló que durante la pandemia el sindicato perdió a razón de 150 millones de pesos por mes, pero que no obstante el balance que esperan aprobar este mes arrojará un resultado de superávit de 1357 millones de pesos.

Peryera hizo una reseña histórica de su vida al frente del sindicato. Reivindicó las luchas gremiales de inicios de los años 80, describió las persecuciones de la dictadura en su contra en medio de los reclamos a las empresas, un contexto que empezó a abrir paso al período en el que quedó al frente del gremio a partir del 1984, de la mano de la agrupación que relanzó en la ciudad rionegrina, rodeado del resto de la conducción, con Marcelo Rucci, secretario administrativo de la entidad, a la cabeza.

“Pasamos días muy tristes con la pandemia. Todos los trabajadores que se fueron, se fueron por acuerdos particulares. Cobramos salarios de miseria, pero cuidábamos los puestos de trabajo”, dijo sobre la etapa más cruenta del COVID-19, al promediar el 2020.
Dijo que “firmar el acuerdo de sustentabilidad y empleo” con las petroleras, por el cual hubo trabajadores suspendidos a la espera de la normalización de la actividad en los yacimientos, “era el único camino que teníamos, si no hubiéramos tomado otro”.

Y agregó: “Había que esperar que se normalice la actividad. Hoy ya hay 50 equipos entre perforadores, workover y púlling. Tenemos los sets de fractura, que son los generadores de mano de obra”, sostuvo y observó que se va “recuperando la actividad, hemos terminado con el acuerdo de sustentabilidad y empleo”. Recordó que las subas otorgadas durante la emergencia del año pasado pasarán a ser remunerativas desde este mes.

Pereyra dijo que de todos modos el gremio seguirá dando la pelea para obtener un reconocimiento mayor respecto de la paritaria del 2020. “Va a costar mucho, no queremos alcanzar la paritaria 2021 sin mirar para atrás, nos están debiendo plata”. El gremio obtuvo una recomposición del 16,2%, un monto pendiente de la paritiaria del 2019, y pagos no reumunerativos como parte del acuerdo con las petroleras.

“Vamos a lograr la recuperación del salario en el tiempo. Esto quiere decir recuperar el salario y el trabajo de toda la familia petrolera”, auguró, en un contexto en el que el miércoles 17 vuelven a negociar con las cámaras del sector.

“El 31 de este mes nos vamos a reunir para aprobar la memoria y balance del 2020. Hemos perdido 150 millones de pesos por mes. Van a tener la memoria y balance, que nos arroja un superávit de 1357 millones de pesos”, adelantó y afirmó que entre los proyectos que evalúa el sindicato figura el de lanzar una aseguradora a través de la mutual petrolera.

Fotos: Víctor Suárez

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El presidente Alberto Fernández decidió nombrar a Martín Soria como Ministro de Justicia en reemplazo de Marcela Losardo. La decisión fue anunciada por el propio jefe de Estado en una entrevista con los periodistas Diego Schurman y Catalina D’Elía, en el programa “Fuego Amigo”, que se emitirá esta noche por Canal 9.

Soria siempre fue, junto al massista Ramiro Gutiérrez, una de las opciones más viables para suceder a Losardo. Con la elección del rionegrino se espera una dinámica de mayor confrontación con el Poder Judicial ya que en el último tiempo venía mostrando más alineamiento con el kirchnerismo con respecto a una reforma judicial.

La cercanía al kirchnerismo de Soria se produjo después de asumir su banca de diputado. Sin otra experiencia legislativa nacional, después de asumir en diciembre de 2019 comenzó a tejer buenas relaciones con el presidente Alberto Fernández, pero sobre todo con el kirchnerismo más duro, a partir de su rol en la Comisión de Justicia, en la de Legislación Penal, Asuntos Constitucionales y de Juicio Político. En un año, se convirtió en una de las espadas K contra el Poder Judicial, no sólo con cuestionamientos políticos, sino con denuncias por la actuación de los magistrados durante el gobierno de Mauricio Macri. Hasta marzo del año pasado no se le había detectado esa vocación por lo judicial.

Con la confirmación de la nueva conducción del Ministerio de Justicia se termina una larga novela que empezó a principios de mes con una ola de rumores impulsados desde el seno del Instituto Patria, ante la negativa de Losardo de avanzar con una embestida contra los jueces y fiscales que llevan adelante las causas que pesan sobre las figuras más prominentes del kirchnerismo, con Cristina Kirchner a la cabeza.

En medio de esos rumores, el Presidente dio una entrevista el lunes de la semana pasada que confirmó la renuncia, pero sin decir quién sería su reemplazante. “Marcela (Losardo) me había planteado desde antes su idea de dejar el Ministerio. Ella cree que el tiempo que viene es un tiempo que necesita otra actitud”, sostuvo Fernández entrevistado en C5N y abrió un escenario de incertidumbre sobre uno de lugares en la administración más sensibles en términos de equilibrio político interno de la coalición del Frente de Todos.

Losardo dejó su cargo tras resistir la fuerte embestida de sectores del kirchnerismo que impulsan una reforma más agresiva del Poder Judicial. Tanto como Juan Martín Mena, su segundo, como con una serie de funcionarios de terceras línea del Ministerio, la amiga personal, colaboradora leal y socia en el estudio jurídico de Alberto Fernández no tuvo una relación fácil.

La decisión de mantener puentes de diálogo con las instancias institucionales de la Justicia le trajo más de un dolor de cabeza a Losardo, que a hasta sus últimos días al frente de la cartera judicial trató de no dinamitar.

La ex ministra, de todos modos, también sufrió un desgaste de las propias entrañas del oficialismo. En su discurso ante la Asamblea Legislativa el primero de marzo, Alberto Fernández mostró el giro en su aproximación ante la Justicia cuando anunció la intención de crear un nuevo tribunal que limite el poder de la Corte Suprema. Además, al hacerlo, expresó una frase que no pasó inadvertida para los funcionarios judiciales: “El Poder Judicial está en crisis, parece vivir en los márgenes del sistema republicano”.

Al otro día, los embates contra ese poder del Estado se acrecentaron cuando Oscar Parrilli, el senador que actúa también de vocero calificado del pensamiento de Cristina Kirchner, anunció que iba a activar desde el Congreso una comisión bicameral con facultades para investigar e interrogar jueces.

Avalado por los dichos del jefe de Estado, Parrilli explicó: “El Presidente lo que dijo es que el Poder Legislativo tiene que asumir el rol que le corresponde de control de los poderes y sugirió la creación de una comisión bicameral que se encargue precisamente de analizar, estudiar, discutir y poner en la muestra de la gente que la sociedad vea cómo está actuando el Poder Judicial y qué cambios hay que hacer para tener una Justicia independiente que falle en base a las pruebas y no responda a la presión de nadie”.

Luego de esos dichos, Losardo salió a poner un límite a esa idea. Aclaró que en la Constitución no estaba incluida la facultad de juzgar magistrados y dejó en suspenso cualquier avance por fuera del esquema institucional vigente que pudiera ser interpretado como un atropello al Poder Judicial.

Esas últimas definiciones y el debido silencio que mantuvo ante los fallos adversos que tuvieron ex funcionarios K y la propia Cristina Kirchner, sellaron la suerte y la dejaron sin el oxígeno político necesario para continuar con su gestión. “Está agobiada”, dijo Alberto Fernández al confirmar su salida por TV, aunque evitó decir quién la agobió.

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Así lo calculó la subsecretaria de Hidrocarburos, Maggie Luz Videla Oporto, quien precisó que, actualmente “el 55,7% y el 60% del costo total del gas natural es afrontado por Estado nacional”.

La subsecretaria de Hidrocarburos, Maggie Luz Videla Oporto, señaló este lunes que las opciones para cubrir el costo del fluido a fin de atender la demanda prioritaria -que comprende a los usuarios residenciales y determinados comercios- pasan por la asignación de partidas presupuestarias adicionales o por correcciones tarifarias de entre 17% y 35%.

“En la actualidad entre el 55,7% y el 60% del costo total del gas natural es afrontado por Estado nacional”, precisó Videla en la apertura de la audiencia pública virtual convocada por la Secretaría de Energía para tratar el precio del hidrocarburo a boca de pozo.

La funcionaria aclaró que el análisis oficial parte de los supuestos contemplados por un lado en el Presupuesto 2021, y por otro, en las proyecciones del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) difundidas por el Banco Central.

Sobre esa base se busca definir la tarifa transitoria que regirá hasta tanto concluya el análisis de una nueva revisión tarifaria integral (RTI) por parte de los entes reguladores respectivos.

En el caso del gas, la funcionaria describió que “las opciones van desde que el Estado asuma la totalidad de ese costo fiscal que representa el incremento del precio del gas; que distribuya ese valor en todos los usuarios de igual manera; o que se aplique una segmentación tarifaria real”, explicó Videla.

“De ese modo, agregó, como dijeron el Presidente (Alberto Fernández) y la Vicepresidenta de la Nación (Cristina Fernández de Kirchner), las tarifas irán detrás de los salarios y jubilaciones”.

Los cálculos

La subsecretaria precisó que el costo fiscal total vigente del gas natural afrontado por el Estado nacional para 2021 es de entre $ 110.586 millones y $ 132.963 millones.

Pero requeriría partidas adicionales del Presupuesto -no previstas en la actualidad- que van desde $ 36.736 millones hasta $ 56.087 millones, según el escenario que se tome.

“La alternativa dos es una corrección tarifaria en las facturas finales, de 17 a 23% según las pautas fijadas en el Presupuesto, y de 26 a 35% de acuerdo con las estimaciones del REM”, puntualizó Videla.

La funcionaria recordó que la demanda prioritaria representa 14.254 miles de millones de metros cúbicos (MMm3 día), es decir, un 30% del total del sistema.

El resto es lo que demanda Compañía Administradora del Mercado Eléctrico (Cammesa) para transformar el gas en energía eléctrica en las centrales térmicas, un 40%; otro 25% va la industria; y un 5% se destina al GNC.

Videla precisó además que la producción nacional representa el 82% de la oferta total, el gas boliviano 10% y el GNL importado 8%.

Recordó luego que la factura incluye el costo del gas (que representa de 40 a 50%), el transporte, y la distribución, a lo cual se añaden impuestos y tasas (nacionales, provinciales y locales, principalmente Ingresos Brutos e IVA) que suman un 30%.

La subsecretaria sostuvo que “no se requerirían partidas adicionales del Presupuesto” si el Estado nacional reduce su participación y limita su aporte a 37,2 o el 35%, según sea el escenario.

Esto implicaría que los usuarios paguen aumentos del componente de gas de entre 42% y 63%, es decir, $ 8,75 el m3 (en vez de $ 6,17), y $ 10,15 el m3 (en resto del país), en vez, de $ 6,22.

Las facturas

En la situación actual la factura promedio de marzo, para un usuario R31, sin impuestos, es de $ 702 en la distribuidora A y pasaría en julio a $ 2.160; pero de cumplirse la pauta presupuestaria, saltaría en julio a $ 2.653.

Para la distribuidora B, en ese mes del invierno el aumento del gas llevaría la factura, respectivamente, a $2.396 o a $ 2.956.

De acuerdo con las proyecciones del REM, en tanto, la suba de marzo a julio, con el marco actual, sería $ 2.169 a $ 2.921, pero con menos aporte del Estado, según la pauta presupuestaria, pasaría de $ 2.407 a $ 3.261.

Los incrementos podrían ubicarse entonces entre 17 y 23% si se cumple lo establecido en el Presupuesto, o de 26 a 35% en caso de que se verifiquen las proyecciones del REM.

El trámite

“En los próximos diez días hábiles se emitirá informe final del proceso de audiencia pública sobre la tarifa de transición, y en 30 días hábiles, desde el Ejecutivo nacional se emitirá una resolución que informará qué haremos con esta porción del precio del gas para la demanda prioritaria”, concluyó Videla.

Este lunes se llevó a cabo la primera de las audiencias convocada por la Secretaría de Energía, con un total de 42 oradores inscriptos.

El encuentro fue presidido por la subsecretaria de Hidrocarburos, y moderada por la asesora legal de esa cartera, Verónica Tito.

En tanto, la segunda etapa de la revisión tarifaria se realizará este martes, a partir de las 9, en este caso convocada por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), en la que se analizará la evolución de las tarifas que se le reconocerán a las dos empresas de transporte de gas y a las 9 distribuidoras que abarcan todo el país.

En la primera audiencia, el eje estuvo puesto sobre el precio del gas natural en el punto de ingreso al sistema (Pist), que representa aproximadamente el 40% de la factura, y el porcentaje de ese costo que el Estado nacional asumirá mediante subsidios y lo que deberán afrontar los usuarios, en el marco del Plan de Promoción del Gas Natural Argentino 2020-2024.
ETIQUETAS GAS AUDIENCIA PÚBLICA

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Cuatro de las cinco provincias que integran COIRCO apoyaron la realización de nuevo estudio de impacto ambiental, con la intervención del Ministerio de Ambiente de Nación.

A la espera del laudo presidencial, el gobierno de Mendoza se sentó a negociar este lunes con el resto de las provincias del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado para tratar de destrabar la construcción de Portezuelo del Viento, en el marco una comisión que elaborará los términos de referencia para la realización del Estudio de Impacto Ambiental de la represa.

Pero no le fue bien. Por el contrario, sufrió un nuevo cachetazo. Cuatro de las cinco provincias que integran COIRCO apoyaron la realización de nuevo estudio de impacto ambiental con la intervención del Ministerio de Ambiente de Nación.

Esta primera reunión se realizó en Buenos Aires, en el Salón de los Escudos del Ministerio del Interior, en Casa Rosada.

Fue el titular de esa cartera, Wado De Pedro, quien convocó en noviembre a una “mesa de trabajo” para definir los “términos de preferencia” para tener otro EIAR.

Por La Pampa participaron la Fiscala de Estado, Romina Schmidt, única mujer entre los representantes provinciales y el diputado nacional Hernán Pérez Araujo.

Por Mendoza viajaron Víctor Ibáñez, ministro de Gobierno, y Humberto Mingorance, secretario de Ambiente.

La reunión fue presidida por el Secretario de Interior, José Lepere, y contó con la presencia de representantes del Ministerio de Ambiente y de la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica de la Nación, además de los representantes de las cinco provincias integrantes del COIRCO.

“Mesa política”

El Ministerio de Ambiente realizó una propuesta de trabajo, consistente en crear la comisión de común acuerdo entre las jurisdicciones con el objetivo de colaborar con CORICO y elaborar, en ese ámbito, los términos de referencia del Estudio de Impacto Ambiental.

La idea consiste en realizar una posterior evaluación del mismo, que garantice -además- la participación popular a través de la implementación de audiencias públicas a realizarse en las distintas provincias miembros de la cuenca y en el ámbito nacional.

“Celebramos la concreción de una mesa política que defina y concrete estas cuestiones”, afirmó el diputado Nacional Hernán Pérez Araujo.

“Esta reunión se realiza en cumplimiento de lo requerido por los gobernadores de la cuenca, y nuestro trabajo es, ni más menos, que hacer cumplir la ley, que nos conmina a la realización de los correspondientes estudios y a garantizar la participación popular de manera previa a la concreción de la obra”, agregó.

Las representaciones de Neuquén, Río Negro y Buenos Aires, junto a la de La Pampa, expresaron su acuerdo con el avance del trabajo, mientras que la provincia de Mendoza se manifestó con dudas al respecto e insistió en la aprobación de los estudios parciales anteriores.

“Respecto de esos estudios anteriores, la Nación y el resto de las provincias hemos coincido en que resultan ser parciales, y que solo pueden utilizarse como información para el nuevo estudio”, concluyó Pérez Araujo.

La reunión finalizó con una solicitud expresa de La Pampa a Mendoza que “hasta tanto se concreten el estudio de Impacto ambiental y su posterior evaluación, con garantía de participación popular, no se realicen acciones tendientes a la concreción de una obra que no puede avanzar en las condiciones imperantes actualmente”.

(El Diario de La Pampa)

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