En lo que va del año, 59 mujeres fueron asesinadas en el país, según el Observatorio Lucía Pérez. En la mayoría de los casos existían denuncias previas contra el femicida, lo que expone una vez más las fallas en las políticas públicas de prevención y su insuficiencia, a pesar de los avances de los últimos años.
Si bien este fenómeno no es nuevo, en los recientes casos que se hicieron públicos como el de Úrsula Bahillo, en la ciudad de Rojas, o el de Guadalupe Carual, en Villa la Angostura, sus familias cuestionaron la pasividad de la Justicia y de las comisarías para evitar los femicidios, ya que existían varias denuncias en contra de los asesinos.
«Todos los femicidios cometidos durante 2021 fueron claramente evitables. Hace varios años que quedó demostrado que el femicida es una persona conocida por las víctimas, que es o fue la pareja o que en algún momento intentó serlo a través de innumerables acosos», sostuvo la abogada Raquel Hermida Leyenda, quien se dedica principalmente a defender casos de violencia de género y abuso sexual.
La letrada hizo hincapié en que la amenaza ya es un alerta de femicidio. «Hoy una amenaza es un aviso de femicidio, pero parece que las amenazas agravadas por el vínculo por el contexto de violencia de género no son suficientes para los jueces que no las registran como un verdadero aviso de femicidio».
La abogada señaló que desde el punto de vista judicial y legislativo son varias las medidas que se tendrían que tomar para prevenir los femicidios: el urgente sistema de tobilleras electrónicas; una ley para que se condene a quien viola las medidas perimetrales; que exista un procedimiento simplificado de denuncias; que se unifiquen los expedientes y que los funcionarios policiales y judiciales sean condenados por incumplimiento en los deberes de funcionario público.
«El año pasado la profesora de inglés que había hecho 14 denuncias en Tucumán fue brutalmente asesinada por su acosador y también por quien permitió que ese femicidio suceda, que en este caso fue el fiscal que no hizo nada», afirmó la abogada.
«En el femicidio de Úrsula, en el de Guadalupe, o en el de muchísimas mujeres que no podemos recordar sus nombres, había existido un alerta, un anuncio, una promesa, una amenaza de muerte. Y el poder policial, cómplice y encubridor, y el poder judicial inactivo, se convierten en homicidas culposos porque debido a su impericia y negligencia esas mujeres hoy están muertas», agregó.
El papel de la Justicia.
La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, se refirió en su cuenta de Twitter al papel de la Justicia y de la Policía tras los femicidios de Úrsula y Guadalupe. «Cada femicidio es un dolor irreparable. Seguimos exigiendo a los Poderes Judiciales que no haya más impunidad ni administración de justicia ni fuerzas de seguridad sin perspectiva de género. Trabajamos todos los días y alzamos la voz para que no haya ni una menos, nunca más», manifestó.
Esta semana y en declaraciones a la prensa, la funcionaria aseguró que «la intervención del Estado no alcanza, pero que desde Nación se hace lo posible para que la coordinación con los estados nacionales y provinciales se fortalezcan».
Las denuncias por violencia de género deben realizarse en las comisarías y en las fiscalías que dependen de cada gobierno local en las 23 provincias del país como así también en la Ciudad de Buenos Aires.
«Ha fallado la protección».
En tanto, Ada Rico, presidenta de la Asociación Civil La Casa del Encuentro, coincide en que la mayoría de los femicidios se podrían haber evitado. «Creemos que lo que ha fallado es la protección efectiva de Úrsula Bahillo, de Guadalupe Curual como de todas las mujeres que acuden a la Justicia a denunciar al agresor», indicó.
En esa línea, recordó que «históricamente desde La Casa del Encuentro sostenemos que la violencia de género debe tener un abordaje integral y federal que proteja en forma efectiva a una mujer o compañera trans en situación de violencia».
Rico, que es también presidenta del Observatorio de Femicidios en Argentina Adriana Marisel Zambrano, señaló que «es importante que ante una medida cautelar dictada, se proteja a la mujer. Y si se le otorga un botón antipánico hay que aplicar en paralelo una tobillera electrónica al agresor que será efectiva sólo si existe un monitoreo responsable de parte de la Justicia». (NA)
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