El ex intendente de 25 de Mayo, David Bravo, quedó a un paso del juicio en el marco de la causa «Bravo, David Edgardo s/abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público en concurso ideal con peculado», iniciada en 2012.
En tanto los otros cinco concejales procesados fueron sobreseídos en una nueva resolución del juez de Control Diego Asin. Se trata de una denuncia de ediles opositores quienes lo acusaron de promulgar una ordenanza espuria para manejar sin control público a través de la Coospu fondos devenidos de las regalías petroleras.
Vale señalar que la acusación de «abuso de autoridad y peculado» a Bravo está firme, y hasta con los tres jueces designados por la oficina de Audiencia en Juicio. Pero Asin debió darle lugar a la recusación de Méndez y ahora, con la intervención de Oficina Judicial, a rever su imputación a cinco ediles: Luis Nicanor Romero, Roberto Andrés Molina, José Bernardo Pineda, José María Zapata Fernández, y Graciela Liliana Retamales que aprobaron ordenanzas que dejaron un «agujero negro» en la administración municipal.
El caso.
En 2012 el entonces intendente de 25 de Mayo, David Bravo, envió al Concejo un proyecto de ordenanza para que lo autoricen a firmar un convenio con la Coospu para girarle parte de los fondos de coparticipación por regalías petroleras. El cuerpo deliberativo lo aprobó con los votos de cinco concejales del Movimiento Popular Veinticinqueño y otros tres ediles del PJ votaron en contra.
Los ediles opositores, Ricardo Poyo, María Pineda y José Bustos, llevaron su queja por este tema a la Justicia ordinaria en noviembre de 2012. En su presentación judicial denunciaron que la ordenanza avala el uso de fondos públicos sin el debido control.
Causa de 7 años.
Más allá de estas cuestiones de procedimiento judicial, lo cierto es que la resolución de la causa, iniciada hace siete años, tuvo una nueva postergación. En los últimos tres años el caso judicial tomó envión y parecía inminente la concreción del juicio oral y público, pero parece que sufrirá una nueva postergación.
En noviembre de 2017 el Fiscal General Amado le pidió al juez Asin la elevación de la causa a juicio oral y le pidió el sobreseimiento de los concejales. En marzo de 2018, el magistrado aceptó la primera petición y elevó el caso a juicio, en tanto que denegó la segunda. También, en la misma resolución, desestimó un pedido de prescripción y de juicio abreviado planteado por la defensa de Bravo, y le dio paso a la siguiente instancia: un juicio oral y público.
El desarrollo procesal tuvo otro paso a fines de noviembre de 2018 cuando el presidente de la Audiencia en Juicio, Carlos Andrés Besi designó a los jueces Alejandra Ongaro, Gastón Boulenaz y Daniel Sáenz Zamora para que «conformen Tribunal y fijen fecha».
Pero en abril de 2019 esta instancia se vio postergada por la recusación del MPF al juez Asin, que derivó en esta última sentencia admitiendo el pedido fiscal de sobreseer a los concejales que eran coimputados. Todo hace suponer que finalmente la causa tiene el camino allanado a que se cumpla con la ventilación judicial de esta causa, en la que solamente quedó imputado el ex intendente David Bravo, a través de un juicio oral y público.
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«Estaba acompañado de su esposa y una amiga. Transitaba con ellas, pero ambas quedaron paradas al costado de la cinta asfáltica y él cruzó», aseguró el comisario.
