El Proyecto de Ley que el Poder Ejecutivo propone a la legislatura provincial pone en marcha un novedoso instrumento normativo, cuya principal herramienta es la optimización de los recursos públicos, en este caso los provenientes de la explotación de áreas hidrocarburíferas y sustento financiero a la continuación de nuevos parques generadores.

Fundamentos del Proyecto de Ley

El Proyecto de Ley que se pone a consideración del cuerpo legislativo se enmarca en la política pública ambiental y energética impulsada por el Gobierno provincial, plasmada ésta última en el Plan Estratégico de Energía para La Pampa.

Propone la creación de este fondo, con el objeto de impulsar “la remediación y saneamiento de áreas hidrocarburíferas y la realización de inversiones para proyectos que impulsen el desarrollo y transición energética de la Provincia.”

La combinación de tales objetivos – saneamiento y energía- coloca a La Pampa a la vanguardia de los desafíos asumidos en torno al cuidado y conservación de los bienes y recursos ambientales de todos los y las pampeanas y permiten avanzar hacia una Provincia productora de energía.

Asimismo, este  Fondo permitirá planificar un aprovechamiento estratégico de los recursos locales que sirva para disminuir la dependencia de fuentes fósiles, diversificar la matriz energética provincial, contribuir a la mitigación del cambio climático y atender necesidades ambientales de remediación.

El Proyecto presenta la particularidad de prever destinos específicos que complementan la funcionalidad del Fondo Ambiental Provincial (artículo Ley N° 3195) y el Fondo Específico para la Transición Energética (artículo Ley N° 3285).

Su creación se basa en la necesidad de contar con una herramienta que posibilite que las sanciones, multas, tasas e indemnizaciones impuestas a la actividad hidrocarburífera por la afectación al ambiente, se utilicen con una finalidad específica y garanticen la disponibilidad de recursos que den continuidad a las tareas de saneamiento y remediación, que contribuyan a proteger y recomponer el ambiente y redunden en una mejora en la calidad de vida de las y los pampeanos.

Políticas de corto, mediano y  largo plazo
La restauración del ambiente implica un largo proceso en el cual se requieren políticas públicas de inversión de corto, mediano y largo plazo que permitan una mejora paulatina y progresiva de la calidad ambiental, más aún sí se contempla la especificidad de la actividad hidrocarburífera y necesidad de remediación y abandono de pozos.

El éxito en las medidas llevadas adelante en el marco de una política ambiental tiene su eje en la posibilidad de ordenar las responsabilidades directas de las empresas operadoras de áreas hidrocarburíferas, como así también aquella subsidiaria del Estado como encargado de garantizar el derecho a un ambiente sano y equilibrado articulando herramientas que permitan, tanto exigir la recomposición ambiental de los agentes vinculados a la actividad, como la posibilidad de actuar – por sí o a través de sus empresas públicas – en los casos que se requiera.

El esquema planteado resulta innovador y permitirá ponderar cualitativa y cuantitativamente las inversiones a realizar en materia de remediación, saneamiento ambiental y generación de energía. En ese sentido, la sinergia entre los distintos actores posibilitará avanzar en los objetivos y destinos del Fondo.

Por un lado, la Subsecretaría de Ambiente y la Subsecretaría de Hidrocarburos y Minería, esbozarán un listado de sitios prioritarios a remediar, en función de los niveles de riesgo y de criticidad asociados a las instalaciones y pozos de las áreas hidrocarburíferas.

Por su parte, la intervención de la Administración Provincial de Energía, permitirá capitalizar el diseño de proyectos de generación de energía ajustados a las necesidades de cada zona, con el objetivo de resolver problemas de abastecimiento, mejorar la calidad del servicio y aumentar la oferta energética disponible para el consumo residencial e industrial, sobre la base de la planificación determinada por la Secretaría de Energía y Minería. La selección y determinación de los puntos de generación requiere de un estudio y análisis previo de las necesidades y puntos críticos del Sistema Eléctrico Provincial, como así también de la disponibilidad de la infraestructura, tecnología y modernización de las redes necesaria para la inyección de energía al sistema.

Pampetrol y la articulación entre remediación y generación
Para la consecución de los objetivos planteados Pampetrol SAPEM, en su calidad de empresa de energía y actual concesionaria de las áreas tendrá un rol fundamental, asumiendo (por sí o en asociación con terceros) la adquisición, instalación y mantenimiento de las plantas de generación de energía u otros proyectos energéticos y la ejecución de las tareas de remediación y abandono de pozos que defina el órgano técnico, de conformidad a los términos que se acuerden con el Poder Ejecutivo Provincial en el marco del Proyecto Ley.

De esta manera, la articulación de un trabajo conjunto y colaborativo permite planificar y diseñar proyectos de generación y remediación que resulten factibles técnica, ambiental y económicamente para la Provincia, en función de alcanzar generación de pequeña y mediana escala en distintos puntos del territorio pampeano (descentralización) que representen una mejora cualitativa en la provisión y abastecimiento del servicio público de energía eléctrica y que garanticen el saneamiento de las áreas hidrocarburíferas, evitando la generación de pasivos ambientales, afectaciones de recursos y bienes naturales, revalorizando las áreas involucradas.

Financiamiento de los proyectos
El Fondo pone marcha un mecanismo virtuoso que permita mantener la continuidad en el monitoreo e inversiones necesarias para remediar y mejorar la calidad del ambiente afectado por la actividad hidrocarburífera; a la par que hará posible financiar proyectos energéticos, cuya rentabilidad será destinada al Fondo de Remediación Ambiental de Áreas Hidrocarburíferos- que a su vez revertirá en nuevos proyectos-, luego de descontar costos e impuestos y hasta alcanzar el repago del financiamiento con la tasa de interés que se acuerde para cada proyecto.

De esta manera, se logra un esquema de inversión virtuoso, ya que el desarrollo de plantas de generación de energía eléctrica de fuentes renovables proveerá de nuevas rentas e ingresos para continuar con la remediación y saneamientos de sitios contaminados por la actividad hidrocarburífera. A su vez, se financian con recursos provenientes de las áreas hidrocarburíferas proyectos de transición energética.

La participación de Pampetrol SAPEM garantiza la presencia del Estado Provincial en el cuidado, desarrollo y aprovechamiento de recursos estratégicos para La Pampa, a la vez que posibilita la alianza con otras empresas o entidades para la consecución de los objetivos y metas de la política pública pampeana.

Pablo Parra, a quien un jurado popular declaró por unanimidad haber sido el autor del femicidio de Agustina Fernández, escuchó la condena a prisión perpetua, única pena posible para el femicidio. En el juicio de cesura, las partes plantearon la aplicación de la prisión preventiva.

La figura delictiva por la que fue hallado culpable tenía como única pena la prisión perpetua, por lo que la audiencia que se llevó a cabo a partir de las 8:30 en los tribunales cipoleños era un formalismo requerido para llegar a la sentencia. El juez Guillermo Baquero Lazcano ya le había anticipado a Parra la pena que recibiría en la última audiencia del juicio.

El condenado siguió la audiencia en la sala. Tuvo la oportunidad de manifestarse, pero prefirió mantenerse en silencio, con la mirada al frente mientras una vez más los acusadores detallaban la forma en la que asesinó brutalmente a Agustina Fernández.

«La condena no puede ser otra que la prisión perpetua. El jurado popular lo declaró culpable de femicidio y la única pena es la perpetua. Esa es la condena», dijo Baquero Lazcano.

Tanto el fiscal jefe, Santiago Márquez Gauna, como la parte querellante, en representación de Silvana Capello y Mariano Fernández Barreiro, Emanuel Roa Moreno y Damián Moreyra, reclamaron que Parra continúe bajo prisión preventiva hasta que el caso quede firme.

Los acusadores reclamaron la continuidad de la medida preventiva porque existe «riesgo de fuga». El abogado defensor, Juan Manuel Coto, consideró a su vez que el planteo era «lógico» a partir del veredicto en contra de Parra por lo que no se opuso a la continuidad de Parra en prisión.

«Se ve fundada la prisión preventiva porque una persona ya condenada, que enfrenta una pena alta, representa un riesgo de fuga. Por ese motivo, voy a prorrogar la prisión preventiva hasta que se expida el Tribunal de Impugnación», manifestó el juez Baquero Lazcano.

El pedido de prisión perpetua

Coto anticipó al analizar la cuestión preliminar que mantiene sus cuestionamientos a la condena por lo que recurrirá al Tribunal de Impugnación. Buscará que se revierta la declaración de Parra como culpable.

La Fiscalía, con el acompañamiento de la querella, presentó un informe del Registro Nacional de Reincidencia, en relación a los antecedentes penales de Parra. Márquez Gauna consideró que la pena «es justa, la que corresponde», más allá de que la prisión perpetua sea el único castigo posible.

El fiscal recordó que el impacto del caso en la comunidad y consideró que Parra debía cumplir prisión perpetua para dar respuesta al reclamo de justicia.

La querella respaldó los argumentos de la Fiscalía y consideró que la pena «además de ser legal, se ajusta a la proporcionalidad» que exige la Justicia. «Es lo que podemos entender como pena justa, darle a Parra la pena máxima», dijo el abogado Emanuel Roa Moreno.

Impugnación de la defensa

Pocos días después de que el jurado popular declarara culpable a Parra, quien permanece en prisión preventiva, su abogado Juan Manuel Coto anunció que impugnará el fallo. «Ratificamos las reservas de impugnación que hicimos desde el control de acusación, durante el juicio y asentamos que el veredicto del jurado fue contrario a la prueba», manifestó.

Sobre la pena, Coto no puso reparos. «Hay una sola pena y no es inconstitucional, por lo que no vamos a objetar más allá de no coincidir con el veredicto del jurado», concluyó.

El profesional resaltó que su cliente es inocente y destacó que hubo irregularidades en el proceso judicial. «Hay pruebas contaminadas y testigos que no debieron declarar», detalló.

Sostuvo que los jurados estaban «presionados» para declarar culpable a Parra y cuestionó el testimonio brindado por el perito de la querella, Eduardo Prueger, el que pidió que no fuera tenido en cuenta, pero fue autorizado por el magistrado.

Coto también incluirá en los motivos para impugnar el fallo que se basó en «pruebas contaminadas», en relación a la aparición del rastro genético de una policía en el sobre donde se guardó una de las pruebas claves, un trozo de tela azul. En el juicio, una genetista del Laboratorio Forense explicó que el rastro de Parra en la prueba era «fuerte», mientras que el positivo de la oficial representaba una contaminación, no la manipulación previa de la prueba.