Las clínicas y sanatorios de Río Negro, Neuquén, Chubut y La Pampa suspendieron los servicios a los afiliados de PAMI, ya que el organismo nacional sigue sin pagarle a las instituciones médicas de la Patagonia. La situación fue advertida hace unos días, pero la administración central no dio respuestas.

La medida consiste en la suspensión de la atención programada y las prestaciones ambulatorias no urgentes. Sin embargo, advirtieron que si no hay acuerdo, la suspensión será total.

«Debido a los críticos atrasos en los pagos y la falta de actualización de los aranceles, las instituciones de salud de la región han definido suspender los servicios a los afiliados al PAMI», explicaron mediante un comunicado. «Esta medida de fuerza afecta directamente a las prestaciones brindadas en las provincias de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Chubut», agreagaron.

En el texto difundido explican que «las clínicas, sanatorios y hospitales privados de las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa que prestan servicios a los afiliados del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP – PAMI), anunciaron la suspensión de servicios para los afiliados de PAMI a partir de la fecha».

«Tal como se había anticipado formalmente mediante una nota enviada la semana pasada al Director del Instituto, Dr. Esteban Leguizamo, las instituciones se ven obligadas a iniciar la suspensión de las prestaciones programadas y ambulatorias ante la falta de respuestas concretas a sus reclamos», informaron.

Y aseguraron que «en la misiva presentada el pasado 4 de febrero de 2026, los prestadores advirtieron que, de no mediar soluciones a los atrasos en los pagos y la depreciación de aranceles, la afectación de los servicios sería inevitable. Al no haberse concretado la regularización de la deuda ni la apertura de una mesa técnica de trabajo, se ha iniciado la limitación progresiva de servicios a partir del día 10 de febrero».

La medida consiste en la suspensión de la atención programada y prestaciones ambulatorias no urgentes. Los prestadores enfatizaron que «no se trata de una medida de fuerza», sino de «una consecuencia inevitable de la crisis», y que el objetivo es preservar, en la medida de lo posible, la atención de urgencias. No obstante, de persistir la falta de respuesta, aseguraron que «la suspensión total de las prestaciones se tornará inevitable».

Y argumentaron que la decisión responde a una «situación límite» que «imposibilita la operatividad» normal de los centros de salud:

-Desfasaje arancelario: Se registra una pérdida persistente del valor real de los módulos prestacionales frente a la inflación.

-Dependencia financiera: PAMI representa, en promedio, el 40% de los ingresos de estas instituciones.

-Atraso en pagos: Existen demoras críticas en el pago de prestaciones ambulatorias y de los módulos de Nivel II y III.

-Riesgo salarial: El corrimiento de las fechas de pago impide a las clínicas afrontar el pago de los salarios del personal en tiempo y forma.

A las pocas cuadras el motor comenzó a fallar y el conductor volvió de inmediato a la estación para reclamar. El episodio derivó en un traslado al taller, nuevas fallas en plena ruta y finalmente un juicio por daños y perjuicios que terminó con una sentencia favorable al dueño de la Mitsubishi Montero.

Todo comenzó en una estación de servicio concesionada de la región. El cliente solicitó expresamente gasoil, pero la factura acreditó que se había despachado nafta. Apenas recorrió unas cuadras, el motor empezó a fallar y el conductor regresó para exigir una solución. Desde la estación se comprometieron a hacerse cargo y trasladaron el vehículo a un taller mecánico.

En ese taller se realizó el vaciado y limpieza del sistema de combustible, además de la carga correcta de gasoil. El vehículo fue retirado por su titular, quien firmó una constancia de conformidad. Sin embargo, la historia no terminó allí: tiempo después, mientras circulaba por la Ruta 65 cerca de Fernández Oro, la camioneta volvió a presentar fallas.

Ante el nuevo desperfecto, el conductor intentó comunicarse con la estación sin obtener respuesta inmediata. Recurrió a un tercero para asistencia y luego llevó la camioneta a otro taller, donde se diagnosticaron daños más amplios y se realizaron reparaciones adicionales. La estación reconoció la carga errónea, pero sostuvo que el pedido del cliente había generado confusión. Aun así, afirmó que asumió los costos de los traslados y reparaciones sin cargo.

Durante el juicio declararon mecánicos de ambos talleres y personal de la estación. Uno sostuvo que tras la limpieza inicial el rodado no presentó fallas, mientras que el otro describió un cuadro distinto, con componentes afectados y necesidad de trabajos más profundos. El expediente incluyó documentación, testimonios y registros de las intervenciones.

El juez encuadró el caso como una relación de consumo bajo la Ley de Defensa del Consumidor. Señaló que se acreditó el hecho central: se suministró un producto distinto al solicitado, lo que constituye una prestación defectuosa. Además, remarcó que el control de la operación recae en quien ejecuta la carga y que la estación debía extremar cuidados por tratarse de un producto riesgoso.

Ante la falta de una pericia mecánica concluyente, el magistrado aplicó el principio de interpretación favorable al consumidor. Con ese criterio, responsabilizó a la estación de servicio por los daños materiales y reconoció un resarcimiento por las molestias sufridas. La firma Servicios Cipolletti S.R.L. deberá indemnizar al cliente. El fallo es de primera instancia y puede ser apelado.