El ministerio de Economía de la Nación emitió una nueva resolución que regula la forma de pago de los bonos que desde hace casi 30 años aguardan cobrar los exypefianos por sus indemnizaciones. La medida abarca a a todos los beneficiarios de la ley 27133 y desde la Coordinadora Nacional de Exagentes de YPF se destacaron sus beneficios.

La medida abarca a todos los trabajadores que fueron despedidos a raíz de la privatización de YPF en los noventas, hayan iniciado acciones legales o no.

Desde la Coordinadora Nacional de Exagentes de YPF se destacó que la nueva norma allana el camino para que quienes ya tienen sentencia favorable en el litigio abierto puedan cobrar de forma ágil, ya que aclara una confusión que se había generado con una resolución anterior sobre cuál era el banco en el que debían cobrar.

Pero la nueva norma es integral y también abarca a aquellos trabajadores que no hayan iniciado acciones legales o bien que las hayan iniciado sin tener una resolución.

Desde la entidad que nuclea a los exypefianos se explicó los pasos que deben seguir quienes busquen finalmente cobrar los bonos que se les entregaron en los noventas.

El primer paso es acercarse hasta una sede del Banco Nación de la República Argentina para firmar la adhesión a la ley 27133. Esto se debe a que muchos exagentes se adhirieron a normas anteriores como la ley 25471, pero para poder avanzar en el pago es necesario que se adhieran y acepten las condiciones de esta ley.

Como segundo paso se recomienda a los exagentes que se acerquen hasta una de las sedes de la Coordinadora Nacional para firmar algunas planillas complementarias.

Además, en el caso en el que el o la titular de los bonos haya fallecido, sus descendientes podrán tramitar el pago correspondiente. En este caso los descendientes deben realizar como primer paso una declaración de herederos y si el titular no se acogió en vida a la ley 27133 también deben realizar la correspondiente adhesión para poder continuar con la tramitación del pago.

El trámite de declaración de heredos también se realiza a través de la Coordinadora Nacional de Exagentes de YPF, desde donde se recomendó además a quienes ya tienen juicios iniciados pero sin sentencia que consulten a sus abogados con los que estaban llevando adelante las presentaciones dado que si renuncian formalmente a ese proceso legal la nueva resolución de Economía les agilizaría el camino al cobro.

La normativa publicada el mes pasado por el ministro de Economía, Martín Guzman, despeja ciertas contradicciones que se habían generado en las anteriores normas que se dictaron durante el anterior gobierno, en especial la contradicción entre un decreto que ordenaba que el pago se realice en el Banco Ciudad mientras que la ley que está vigente marca que debe ser en el Banco Nación.

La nueva resolución aclara ahora que todo será en la sede del Banco Nación, destrabando así muchos trámites, pero además es más amplia que la anterior que solo ordenaba el pago a quienes tenían sentencia favorable, ya que ahora abarca a todos los beneficiarios y herederos.

El derrotero de los exypefianos comenzó a mediados de la década del noventa cuando tras la privatización de la compañía se realizaron despidos masivos. Los trabajadores cobraron sus indemnizaciones en ese momento pero junto con ellas se les pagó un bono, que hoy ya no existe, y cuyo pago casi 30 años después siguen reclamando.

En la región solo cerca de un 25% de los exagentes ya lograron cobrar sus bonos, un poco más que el promedio nacional que es del 20% sobre un total de 36.000 exagentes.

Para todos los interesados desde la Coordinadora Nacional de Exagentes de YPF se dispusieron los teléfonos de contacto de su titular, Emiliano Cantillana que es el 2995773050, y el del vicepresidente Ángel Garro que es el 2995088229

RESOLUCION:

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Resolución 538/2020
RESOL-2020-538-APN-MEC
Ciudad de Buenos Aires, 03/11/2020
Visto el expediente EX-2019-99747504- -APN-DGD#MHA, las leyes 23.696, 24.145, 25.344, 25.471 y 27.133, el
decreto 1077 del 5 de mayo de 2003, la resolución conjunta 120 de la Jefatura de Gabinete de Ministros y 509 del
ex Ministerio de Economía y Producción del 20 de noviembre de 2003, las resoluciones 877 del 15 de septiembre
de 2015 del ex Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y 362 del 8 de mayo de 2019 del ex Ministerio de
Hacienda (RESOL-2019-362-APN-MHA), y
CONSIDERANDO:
Que mediante el artículo 1º de la resolución 877 del 15 de septiembre de 2015 del ex Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas se aprobó el “Procedimiento Administrativo de Implementación de la Indemnización establecida
por la Ley N° 27.133”, que como anexo I la integra.
Que en el punto 2.2.b del anexo I de la citada resolución se contempla la situación de aquellos beneficiarios que
cuenten con sentencia judicial firme pendiente de pago y en los puntos 2.2.b.1 y 2.2.b.2 se detallan las diligencias a
cumplir para la percepción del beneficio.
Que a través de la resolución 362 del 8 de mayo de 2019 del ex Ministerio de Hacienda
(RESOL-2019-362-APN-MHA) se sustituyeron los puntos 2.2.b.2, 5.5 y 5.6 del anexo I de la resolución 877/2015
del ex Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y se incorporó a ese anexo el punto 2.2.b.3.
Que mediante la nota del 17 de octubre de 2019, el Banco de la Nación Argentina, entidad autárquica entonces en
el ámbito del ex Ministerio de Hacienda actual Ministerio de Economía, informó que en virtud del Acuerdo suscripto
entre esa entidad y el Banco Ciudad de Buenos Aires en el marco de la causa judicial “Banco de la Ciudad de
Buenos Aires c/ Banco de la Nación Argentina s/ Acción meramente declarativa” (Expte 6417/12), en trámite ante la
Justicia en lo Civil y Comercial Federal, dicha entidad no podía abrir cuentas judiciales cuando se tratare de causas
que tramitaran en la Justicia Nacional en lo Comercial, Nacional del Trabajo, Nacional de Casación Criminal y
Correccional y Nacional en lo Criminal y Correccional, dado que dichas cuentas se encuentran bajo la órbita del
Banco Ciudad de Buenos Aires.
Que en la actualidad existe un significativo número de trámites correspondientes a la ley 27.133, encuadrados en el
punto 2.2.b.3 del anexo I de la resolución 877/2015 del ex Ministerio de Economía y Finanzas Públicas cuyas
causas judiciales se sustancian ante la Justicia Nacional del Trabajo, sin perjuicio de que eventualmente pudieran
producirse pronunciamientos judiciales emanados de los restantes fueros citados.
https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/236887/20201104
2 de 3
Que, asimismo, se presentan otras situaciones en la operatoria que ameritan ser consideradas, tales como
procesos sucesorios o el dictado de medidas cautelares a hacerse efectivas sobre la indemnización, en cuyo caso
el Banco de la Nación Argentina deberá llevar a cabo la apertura de cuentas y la realización de depósitos en las
instituciones bancarias que corresponda, de acuerdo con la normativa aplicable en la materia.
Que a los fines de posibilitar el pago de la indemnización en los casos señalados, resulta necesario sustituir los
puntos 5.6 y 5.7 del anexo I y el artículo 11 de la resolución 877/2015 del ex Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas, estableciendo los alcances de la intervención que le corresponde a la Oficina Nacional de Crédito Público
dependiente de la Subsecretaría de Financiamiento de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y al
Banco de la Nación Argentina.
Que, asimismo, resulta procedente aprobar un modelo de Adenda al “Convenio Ley Nº 27.133” celebrado entre la
Subsecretaría de Administración y Normalización Patrimonial de la Secretaría Legal y Administrativa del ex
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Banco de la Nación Argentina el 6 de octubre de 2015, adecuando
la intervención del Banco de la Nación Argentina a las modificaciones introducidas al procedimiento mediante la
sustitución de los puntos 5.6 y 5.7 del anexo I y el artículo 11 de la resolución 877/2015 del ex Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas.
Que en atención a lo previsto en el artículo 14 de la resolución 877/2015 del ex Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas, corresponde facultar a la Subsecretaría de Administración y Normalización Patrimonial para suscribir la
Adenda al “Convenio Ley N° 27.133”, oportunamente celebrado con el Banco de la Nación Argentina cuyo modelo
se aprueba por la presente medida.
Que el servicio jurídico permanente del Ministerio de Economía ha tomado la intervención de su competencia.
Que esta medida se dicta en uso de las atribuciones contempladas en los artículos 5º, 6º y 7º de la ley 27133.
Por ello,
EL MINISTRO DE ECONOMÍA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Sustitúyese el punto 5.6 del anexo I de la resolución 877 del 15 de septiembre de 2015 del ex
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, por el siguiente:
“5.6. Puesta a Disposición: Con la conformidad de la Sindicatura General de la Nación o de la Unidad de Auditoría
Interna del Ministerio de Economía, según corresponda, la Dirección Consolidación de Deuda y Programas de
Propiedad Participada enviará los Formularios de Requerimiento de Pago a la Oficina Nacional de Crédito Público,
dependiente de la Subsecretaría de Financiamiento de la Secretaría de Finanzas de este Ministerio.
La Oficina Nacional de Crédito Público tomará conocimiento de lo allí informado y realizará todas las tramitaciones
de su competencia específica. Asimismo, verificará la existencia de nuevos embargos, los cuales en su caso
deberán ser tenidos en cuenta, previo a solicitar al Banco de la Nación Argentina u organismos o entidades con los
https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/236887/20201104
3 de 3
que hubiera suscripto convenio, la apertura de las respectivas cuentas.
Cuando en cumplimiento de una medida cautelar, una sucesión o la situación prevista en el punto 2.2.b.3 del
presente anexo, los bonos deban depositarse a la orden del juzgado interviniente, esa Oficina Nacional solicitará al
Banco de la Nación Argentina u organismos o entidades con los que hubiera suscripto convenio la apertura de
cuentas a la orden del juzgado del fuero y de la causa que corresponda.”.
ARTÍCULO 2º.- Sustitúyese el punto 5.7 del anexo I de la resolución 877/2015 del ex Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas, por el siguiente:
“5.7. Cancelación de la deuda: efectuado el depósito de los bonos de consolidación en las cuentas de cada
beneficiario o en la cuenta judicial a abrir conforme el fuero que corresponda, según se indicó en el punto 5.6
precedente, se tendrá por cancelada la deuda.”.
ARTÍCULO 3º.- Sustitúyese el artículo 11 de la resolución 877/2015 del ex Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas, por el siguiente:
“ARTÍCULO 11.- Los ex trabajadores, sus herederos o derechohabientes, deberán conservar su calidad de titulares
exclusivos del derecho hasta el momento en que los bonos que se les reconozcan en concepto de indemnización
se encuentren depositados en sus cuentas comitentes o accionistas, según corresponda.”.
ARTÍCULO 4°.- Apruébase el modelo de “Adenda al Convenio Ley N° 27.133”, que como anexo
(IF-2020-69423392-APN-SSADYNP#MEC) integra la presente resolución.
ARTÍCULO 5º.- Facúltase a la Subsecretaría de Administración y Normalización Patrimonial dependiente de la
Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio de Economía para suscribir la Adenda al “Convenio Ley N° 27.133”
celebrado con el Banco de la Nación Argentina, entidad autárquica en el ámbito de este Ministerio, el 6 de octubre
de 2015, cuyo modelo se aprueba por la presente medida.
ARTÍCULO 6°.- Esta resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial.
ARTÍCULO 7º.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Martín Guzmán
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA
-www.boletinoficial.gob.are. 04/11/2020 N° 52672/20 v. 04/11/2020
Fecha de publicación 04/11/2020

(RIO NEGRO)

6
/ 100

(C25N) El hecho ocurrió este jueves 3 de diciembre en un domicilio de calle Roca. La víctima, una abuela de 84 años.

La abuela dijo que le llevaron 120.000 pesos, aunque la denuncia (según informaron desde la comisaría local), está hecha por 12.000.=

En diálogo con el móvil de radio “Alas” y la TV local, La mujer da cuenta que siendo las horas 14:00 recibió un llamado telefónico por parte de su nieto, el cual reside en la ciudad de Neuquén, diciendo que debía retirar el dinero del banco por motivos que se realizaría una renovación de las cuentas de ahorros y que perdería completamente su dinero si no lo retiraba, y que debería enviársela para que el la guarde.

Cerca de las 14:30 se hizo presente en su domicilio un sujeto manifestando ser un Contador Público, haciendo mención que se hizo presente con el fin de retirar el dinero y entregárselo a su nieto.

La victima realizó la entrega de $12.000 (DOCE) mil pesos. Posteriormente la misma se comunica con su hija (madre del supuesto nieto) consultándole que le avisara cuando se realice la entregara del dinero, a lo que la misma le informó que nunca le habían pedido dinero y que su hijo no la habría llamado en ningún momento.

Se inicia investigación por Estafa, con la debida intervención de la Fiscalía Descentralizada local

6
/ 100

“Es un descarado total, salió caminando como si nada con la computadora debajo del brazo”, manifestó la víctima de un robo en Catriel. El delincuente entró a la vivienda en plena mañana y sustrajo una notebook, mientras el dueño hablaba por teléfono en la cocina.

El hecho delictivo se produjo este jueves en la vivienda de Cristian Giuliano, ubicado en el loteo La Esperanza, detrás del predio de la Unión Deportiva Catriel.

En diálogo con “Radio Alas”, Giuliano relató el episodio que le tocó vivir, “estaba haciendo unos llamados en la cocina de mi casa, y de pronto sentí un ruido extraño en el portón corredizo, lo abrieron, después escuché un ruido en la pieza, ahí me alarme, al momento de percibir que alguien intentaba abrir la ventana, miré hacia afuera y vi a un tipo de jogging con barbijo, que había estacionado su auto frente a la casa, un Renault “Sandero” color verde claro. Un descarado total, le golpee la ventana porque se estaba yendo con mi computadora bajo el brazo, pero al tipo no le importó nada, se subió al vehículo y se fue”.

El damnificado se acercó a las dependencias de la Unidad 9° de policía y radicó la denuncia, “me robó una computadora notebook Mc pro”, agregó. “Pienso que han realizado un trabajo de inteligencia. Yo tengo alarma en mi casa, pero lógicamente si estoy adentro no la voy a activar”, concluyó Cristian Giuliano.

La policía inició la investigación para determinar la identidad del delincuente, y se trabaja en base a los datos aportados sobre las características del vehículo en el cual se movilizaba.

Un hecho similar ocurrió días pasados en calle La Pampa 122 cuando a plena luz del día una o dos personas bajaron de un auto y se llevaron un grupo electrógeno del hall de la vivienda. Indudablemente también hubo una tarea previa de inteligencia. (ver nota aparte)

5
/ 100

Se produjo un grave accidente de tránsito en ruta provincial 34, lindante a zona de QUINTAS, en acceso norte a 25 de Mayo.

Según informó el Comisario Martini, la camioneta Mitsubishi circulaba desde 25 de Mayo hacia la curva de 90° conducida por un joven de alrededor de 20 años. Mientras que la Toyota “Hilux” venía en sentido contrario, ingresando al pueblo con dos personas a bordo, un hombre mayor de 30 años junto a su madre.

Al parecer, la Mitsubishi habría sufrido la rotura de un neumático, provocando que el conductor pierda el control y se cambiara de carril, impactando de manera frontal con la Toyota.

Los ocupantes de ambos vehículos fueron trasladados al hospital Jorge Ahuad, se encontraban conscientes al momento del traslado.

En el lugar trabajó personal de la Comisaria Departamental y bomberos voluntarios.

Informe y Fotos: Miguel Villablanca

8
/ 100

La cifra habría llegado al 53,1% de la población si no se hubieran implementado planes de emergencia como el IFE o la tarjeta alimentaria. El 65% de los menores de 17 años viven en hogares pobres. Son datos del Observatorio de la Deuda Social.

Por la recesión y la crisis, agudizada por la pandemia y la cuarentena, volvió a escalar la pobreza. En un año, aumentó del 40,8% al 44,2% de la población urbana: son 18 millones de pobres. Si se incluye a la población rural, hay 20 millones de pobres.

De esos totales la indigencia subió del 8,9% al 10,1%: 4,1 millones indigentes urbanos o más de 4,5 millones si se incluye al sector rural.

Sin los bonos, IFE y otros programas sociales, la pobreza hubiera sido del 53,1% de la población urbana. Y por grupos de edad, sobresale la pobreza entre los menores de 17 años, que subió del 59,5% al 64,1% reflejando “una persistente infantilización de la pobreza en la Argentina urbana”. Son más de 7,5 millones de chicos y adolescentes que viven en hogares con carencias básicas. Por su parte, la indigencia subió del 14,8 al 16%.

Los datos son del Observatorio de la Deuda Social, de la UCA (Universidad Católica Argentina) relevados entre julio y octubre de este año y son los más altos de toda la serie que arranca en 2010. Corresponde a la “pobreza de ingresos” que surge de comparar los ingresos de los hogares con los valores de la canasta de indigencia y de pobreza.

Con relación a las mediciones del INDEC después de 2016, las cifras de la UCA son muy similares. Se estima que en este cuarto trimestre, la pobreza habría seguido en aumento.

Al presentar estos datos, Agustin Salvia, director del Observatorio dijo que la pandemia agravó una situación social y laboral que se fue agudizando a lo largo de toda la década.

“Las evidencias presentadas en este informe confirman que bajo el escenario de crisis COVID-19, las capacidades monetarias de los hogares experimentaron un deterioro abrupto y pronunciado, con efecto regresivos sobre la pobreza y la indigencia. El nuevo escenario paralizó aún más la inversión, los consumos y la demanda de empleo en la economía formal, a la vez que frenó toda expectativa de reactivación, afectando especialmente a la pequeña y mediana empresa, profundizando la relación entre informalidad económica, pobreza y exclusión social”.

Salvia explicó que entre los que están desocupados o con sub empleo, la pobreza sube con mucha fuerza en los segmentos de trabajadores marginales e integrados y en el Conurbano Bonaerense. “Entre estos grupos, la pobreza crece casi ininterrumpidamente desde 2013-2014 y evidencia un nuevo salto en el contexto de pandemia. La indigencia también aumenta, afectando más a los segmentos marginal e integrado de trabajadores y es transversal a todas las regiones urbanas, aunque con mayor fuerza en el conurbano bonaerense”.

El director del Observatorio señaló “que el efecto COVID no fue “democrático”, no afectó a todos por igual: entre los sectores de abajo se acentuó el deterioro social, mientras la cúpula de la pirámide está ahora más concentrada y protegida”.

El Informe señala que sin los distintos programas sociales (IFE, AUH, tarjeta alimentaria, pensiones no contributivas y otros), la pobreza hubiera saltado del 44,2% al 53,1% de la población urbana. El efecto del IFE es el más sustantivo: 8,3 puntos incidió en reducir la indigencia y 6,4 puntos en la pobreza.

“El IFE habría sido la política con mayor impacto absoluto sobre las tasas de pobreza e indigencia, en comparación con las demás políticas de transferencias implementadas”, dice el Informe.

Una de las conclusiones de Salvia es que “durante los últimos años de la década, incluyendo el escenario COVID-19, los indicadores sociales muestran un aumento en la pobreza y en las desigualdades estructurales. Las brechas productivas, sociales y en la calidad del empleo no han disminuido sino que incluso parecen agravarse. La situación ha empobrecido aún más a un cada vez más extendido sector micro-informal de subsistencia (economía social) de muy baja productividad, precariedad y concentración urbana. Y si bien hubo mejoras durante la década, la desigualdad estructural ha aumentado, expresándose en mayores déficits y brechas en materia de inseguridad alimentaria, mala calidad del hábitat y déficit en el acceso a agua, energía, servicios de saneamiento y a una vivienda digna. La segmentación social también opera sobre servicios públicos universales: educación, salud, protección social y seguridad ciudadana”.

5
/ 100

Desde la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro destacaron la difícil situación financiera que atraviesan la PyMES rionegrinas. Y solicitaron una serie de medidas de protección y fortalecimiento para el sector.

Esta mañana Walter Sequeira, presidente de la Federación, señaló que “las pequeñas y medianas empresas están pasando un momento muy difícil. Durante la pandemia cerró el 30% de las PyMES rionegrinas, por eso pedimos la mesa de trabajo. Se necesitan incentivos. Cuando menos PyMES hay, menos trabajo hay”

“Generamos más del 70% de los empleos, desarrollando la actividad económica en cada rincón de nuestra geografía y reinvirtiendo las ganancias generadas en nuestras ciudades», añadió Sequeira

“La pandemia sacudió muy fuerte la actividad comercial e industrial, y son miles las PyMES que hacen un gran esfuerzo por sobrevivir. Si bien se han tomado medidas que ayudaron en esta situación, entendemos que el trabajo conjunto y los programas de estímulo de cara al futuro ayudarán al desarrollo del entramado PyME con todo lo que esto trae aparejado”, agregó

Señaló que “desde hace meses pedimos la puesta en marcha de una mesa de trabajo público-privada para abordar las problemáticas de las PyMES de Río Negro y delinear políticas y programas que realmente protejan y fortalezcan a nuestro sector

“La pandemia sacudió muy fuerte la actividad comercial e industrial, y son miles las PyMES que hacen un gran esfuerzo por sobrevivir. Si bien se han tomado medidas que ayudaron en esta situación, entendemos que el trabajo conjunto y los programas de estímulo de cara al futuro ayudarán al desarrollo del entramado PyME con todo lo que esto trae aparejado”, agregó

Señaló que “desde hace meses pedimos la puesta en marcha de una mesa de trabajo público-privada para abordar las problemáticas de las PyMES de Río Negro y delinear políticas y programas que realmente protejan y fortalezcan a nuestro sector.

En este sentido, Sequeira alertó que «se perdieron cerca de 8.000 puestos de trabajo. Y ahora que viene la temporada estival y considerando que se va a trabajar a un 60%, otras 1.000 personas se quedarán sin trabajo».

Sequeira indicó que «preocupa que la Legislatura discutirá una política fiscal y no haya escuchado al sector privado y no vemos ningún aliciente en la alta presión fiscal a la que estamos sometidos. El comercio fue castigado hace 4 años con un alza de la alícuota de Ingresos Brutos, del 3% al 5%, encareciendo los productos para el consumidor y las bajas en otros sectores no han redundado en una baja de los costos que tenemos».

«Estamos ante una situación de emergencia fruto de la pandemia por lo que creemos que se deben revisar la presión impositiva que sufrimos para ayudar a despegar al sector de la pequeña y mediana empresa. Hay sectores económicos de gran escala que pagan una carga tributaria mucho menor que la nuestra y pueden en esta situación de crisis colaborar para defender el trabajo y las PyMES rionegrinas», indicó.

Es por eso que desde la Federación propusieron la reducción de la alícuota de Ingresos Brutos para las PYMES de Río Negro; planes especiales para los sectores más afectados por la pandemia; líneas crediticias a tasas subsidiadas para el desarrollo PyME; y una tarifa PyME en los servicios públicos.

5
/ 100

Se trata de un monto que percibirán por única vez, calculada en base a una familia con tres hijos, sumando los bonos que recibirán los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y la duplicación del monto de la tarjeta Alimentar. Parte de los recursos que no se volcaron al IFE irán para estos beneficios más específicos

Bajo la coordinación del ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, una buena proporción de beneficiarios de planes sociales recibirán este mes una cifra mucho más elevada de lo que reciben habitualmente. En total cobrarían en diciembre un promedio de $ 40.000, con lo que el Gobierno procura aliviar la situación de quienes menos recursos tienen en un año especialmente complejo que estuvo dominado por la pandemia. La cifra no deja de sorprender porque duplica el salario mínimo y estará bien arriba de los $ 28.500 que cobrará este mes un jubilado que cobra la mínima, incluyendo el medio aguinaldo.

El monto surge de estimar los ingresos que percibirá una familia de tres hijos. Luego del aumento de 5% definido para este mes, el jefe o la jefa de hogar recibirá $ 3.717 por cada uno, lo que representa un total de $ 11.694. Pero para este mes se definió además un bono especial de $ 6.000 por cada uno, lo que representa un total de $ 18.000, lo que hace un total de casi $ 30.000. A ello se le suma la tarjeta Alimentar, pero que en esta llegará con monto duplicado: de 4.000 pasará a 8.000 ó de 6.000 a 12.000 pesos si el beneficiario posee hijos menores a seis años. De esta forma, entre el dinero que recibirán en la cuenta por la AUH más la acreditación en la tarjeta, que sólo se puede gastar en consumos básicos, el total asciende incluso a un monto que podría superar levemente los $ 40.000 mencionados.

Sólo por el bono de la AUH el Gobierno destinará unos $ 24.000 millones adicionales en relación a lo que desembolsa cada mes, pero sumando lo de la tarjeta Alimentar serían poco más de 40.000 millones de pesos. Aún siendo una cifra muy elevada, se trata de la mitad de los casi $ 90.000 millones que representaba el Ingreso Familiar de Emergencia. De esta forma, el Gobierno focaliza mejor su política asistencial, dedicando incluso menos recursos.

Los anuncios sobre el bono especial para beneficiarios sociales ya fueron comentados por Arroyo, pero todavía no se oficializaron. Seguramente en los próximos días habrá un acto en el que se anunciarán los distintos anuncios previos a fin de año. Además, también habrá reparto de 1,7 millones de cajas navideñas. De esta manera, se busca además amortiguar los efectos de la crisis en los sectores menos favorecidos y llegar con mayor tranquilidad social a fin de año, que es por lo general un período de turbulencias en épocas de crisis.

La situación social sufrió un deterioro dramático este año de pandemia. Hubo fuerte caída del empleo formal, pero además miles de personas dejaron de percibir ingresos por la cuarentena. Recién ahora la economía se va normalizando, pero el daño es inmenso. Hoy la Universidad Católica Argentina divulgará la medición de pobreza del tercer trimestre, que relevará el grado de deterioro que sufrió el tejido social en este año tan particular. Si bien el INDEC midió un nivel de pobreza algo superior al 40% en el primer semestre, en realidad en el segundo trimestre ese valor se habría ubicado en el 47%, producto del impacto del Covid-19. Ahora todas las miradas estarán puestas en dilucidar qué sucedió en los meses subsiguientes y cuáles son las perspectivas desde el punto de vista de la pobreza y la generación de empleo.

2
/ 100