Los automovilistas reclamaban porque el punto de control no estaba señalizado, por lo que era una especie de trampa para hacer multas. Ese punto es suficiente para anular las multas. El Gobierno provincial, sin embargo, fue en busca de cortar de plano con las infracciones y denunció que la ordenanza era ilegal. En diciembre de 2022, el Superior Tribunal de Justicia ratificó el fallo que le da la razón a Provincia.
Lejos de acatar la decisión judicial, el Municipio de Chimpay continuó cobrando multas. Tras constatar que los radares siguen en uso, el STJ intimó al gobierno local. Si no se certifica la eliminación de los radares durante la próxima semana, el Municipio tendrá que pagar una multa diaria.
El castigo económico fue fijado en 100 JUS -la unidad de sanción que impone la Justicia-. Durante abril, cada JUS equivale a 10.860 pesos, por lo que el castigo sería superior al millón de pesos.
(LMCipolletti)
