El Ministerio de Educación de La Pampa aprobó la Resolución 77/26, que prohíbe y restringe el uso de celulares y otros dispositivos digitales en las escuelas pampeanas. La normativa fija límites con el objetivo de proteger la salud mental, mejorar los aprendizajes y fortalecer los vínculos, en el marco de la convivencia escolar.

En los niveles Inicial y Primario, queda prohibido el uso de dispositivos digitales personales por parte de estudiantes dentro de los establecimientos educativos. El Ministerio explicó que en esas etapas los niños atraviesan un proceso de socialización y desarrollo cognitivo que implica la consolidación de habilidades mentales y sociales. La exposición a pantallas, según se indicó, obstaculiza la adquisición de competencias esenciales como el lenguaje, la memoria, la comprensión, el pensamiento simbólico y la atención sostenida. Además, afecta los procesos de interacción social, la empatía y la resolución de conflictos.

En el nivel Secundario, la resolución establece una restricción. Los dispositivos podrán utilizarse de manera excepcional cuando la propuesta pedagógica lo requiera. En esos casos, el docente deberá presentar una planificación anual o un dispositivo de enseñanza específico que fundamente el uso pedagógico de herramientas digitales personales. Esa planificación deberá contar con la aprobación del equipo de gestión.

Durante el tiempo de clase, tanto estudiantes como docentes tienen prohibido el uso recreativo o personal de los dispositivos. Los equipos deberán permanecer apagados.

Desde el Ministerio sostuvieron que, en resguardo de la tarea docente, se deben priorizar los canales de comunicación oficiales, como el teléfono institucional y los correos electrónicos institucionales existentes o creados para tal fin, que remitan al docente, curso o año correspondiente.

Las familias asumen la responsabilidad por el ingreso de estudiantes con dispositivos digitales personales, que deberán permanecer apagados. También deberán concurrir a la institución ante un eventual incumplimiento.

El establecimiento educativo no será responsable por daños, extravíos o deterioros de los dispositivos, sin perjuicio de las acciones institucionales que correspondan frente al incumplimiento de la normativa.

El sindicato de trabajadoras de casas particulares anunció que con los sueldos de febrero empezará a regir una nueva escala salarial. También cobrarán un bono

Las trabajadoras de casas particulares tendrán nuevos aumentos salariales durante febrero y marzo, junto con el pago de un bono extraordinario que puede alcanzar los 20.000 pesos. El gremio de empleadas domésticas reclama una canasta básica para las próximas negociaciones.

Sonia Koprio, titular del sindicato de Empleadas de Casas Particulares, detalló cómo se aplicarán los incrementos acordados por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares. El aumento correspondiente a febrero es del 1,5% sobre el salario básico de enero, al que se suma un bono de hasta 20.000 pesos para quienes trabajan más de 16 horas semanales.

En el caso de las trabajadoras con menor carga horaria, el bono será de 11.500 pesos para quienes trabajan entre 12 y 16 horas por semana y de 8.000 pesos para quienes lo hacen hasta 12 horas.

Para marzo se repetirá el mismo esquema de incremento salarial. Las empleadas domésticas recibirán un incremento del 1,5% acumulativo sobre el salario de febrero y el bono en función de la cantidad de horas trabajadas por semana.

Los salarios se actualizarán en abril tras una nueva mesa de negociación en la comisión que regula el gobierno nacional.

El valor de la hora de trabajo de una empleada doméstica

Koprio también precisó que el valor hora de referencia quedó en aproximadamente 3.546 pesos hacia fines de febrero y rondará los 3.550 pesos en marzo. Sin embargo, aclaró que ese monto corresponde a los valores mínimos establecidos por ley y que muchas trabajadoras acuerdan cifras superiores cuando realizan tareas por jornada reducida o de manera eventual.

«El valor de la hora a $3550 es para trabajadora que tiene media jornada o jornada completa. Cuando trabajan una vez a la semana o dos, gracias al gremio están cobrando entre 18 y 20 mil pesos por hora, por menos no se puede trabajar porque hay que contemplar el tiempo y los gastos de traslado, por 4 mil o 5 mil pesos no cubre ni para comprar medio kilo de pan», aseguró la histórica dirigente de las empleadas de casas particulares.

La dirigente sindical también advirtió que gran parte de las trabajadoras no alcanza a cumplir jornadas completas y que muchas han visto reducidas sus horas laborales. Según señaló, algunas empleadas que trabajan tres veces por semana ni siquiera llegan a cobrar 100.000 pesos mensuales. «Somos un sector que estamos por debajo de la línea de la pobreza. Por ocho horas, con sueldo básico, una trabajadora gana $400 mil pesos», dijo Koprio.

Koprio expresó a LU19 que en la mesa de negociación e planteó «la necesidad de establecer una canasta básica específica para el sector que sirva como base para negociar. Porque nos comparan con gremios grandes, como petroleros o bancarios, que sacaron un 2% de aumento, ¿pero qué básico tienen ellos?»

El exintendente de 25 de Mayo, David Bravo, fue detenido este viernes, horas después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejara firme la condena a cinco años de prisión por el delito de trata de personas. Fuentes del Tribunal Oral Federal de Santa Rosa confirmaron a Diario Textual que ya firmaron la orden de detención y que, poco después, fue apresado. Fue alojado en una comisaría de la zona cercana a la capital provincial hasta tanto el TOF consiga plaza en una unidad carcelaria. Un dato: por ser exfuncionario, no puede estar con la población carcelaria común.

La causa se inició el 13 de diciembre de 2011, a raíz de una denuncia realizada en la Delegación La Pampa de la Dirección Nacional de Migraciones. En esa oportunidad, una joven dominicana comunicó por teléfono que se había escapado de un prostíbulo ubicado en 25 de Mayo.

Bravo fue condenado como partícipe necesario de trata de personas, por la explotación de mujeres en los prostíbulos que funcionaban bajo los nombres “Venus” y “Karibian”.

En febrero de 2023, por la misma causa, había sido condenada Nurys Caraballo Castillo, la mujer que regenteaba los locales y se había dictado la absolución del comisario por encubrimiento agravado.

Ambos habían llegado al juicio oral acusados del delito de trata de personas cometido en perjuicio de más de tres víctimas en la modalidad de acogimiento de mujeres mayores de 18 años mediando abuso de su situación de vulnerabilidad, con fines de explotación sexual, mediante el facilitamiento y obtención de provecho económico de su comercio sexual. La mujer, en calidad de autora, y Bravo, que en ese momento era concejal, como partícipe necesario.

Qué dijo Bravo

En las últimas horas, el exintendente publicó en sus redes sociales una carta al pueblo de 25 de Mayo en el que dijo que es víctima de una persecución política para sacarlo de la política. “Después de 17 años de estar sujeto a derecho la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inadmisible el recurso presentado por mis abogados, sin embargo es oportuno aclarar que existen cuestiones procesales pendientes de resolución”, dijo. De todas maneras, el TOF ordenó su detención.

“Son 17 años de espera de exposición y de persecución politica que busco condicionarme y sacarme del camino. Quiero ser claro: esto no es un final, es una etapa más de una lucha que voy a seguir dando con la misma convicción de siempre. Nunca me oculté, siempre di la cara, aún cuando muchos elegían el silencio o la especulación. Por eso puedo caminar tranquilo y mirar a cada vecino/a a los ojos, con la conciencia tranquila”, sostuvo.

“Lo que atravieso es una persecución política prolongada, injusta y desgastante, pero aun así voy a seguir esperando Justicia. Gracias a cada mensaje, a cada gesto de apoyo y a cada palabra de aliento. Ese acompañamiento inmenso es una fuerza enorme. Voy a seguir adelante, con firmeza y dignidad, pase lo que pase y siempre respetando la voluntad de Dios. Podrán poner obstáculos, pero no van a cambiar quién soy, ni aquello en lo que creo. La política se resuelve en las urnas”, agregó.

La causa que lo lleva a la cárcel

La causa se inició el 13 de diciembre de 2011, a raíz de una denuncia realizada en la Delegación La Pampa de la Dirección Nacional de Migraciones. En esa oportunidad, una joven dominicana comunicó por teléfono que se había escapado de un prostíbulo ubicado en 25 de Mayo.

La mujer relató que había sido maltratada y amenazada por los dueños del prostíbulo y afirmó que allí había otras mujeres en la misma situación, una de ellas, incluso, embarazada. La denunciante le dijo al empleado que recibió el llamado que no había dado aviso de la situación a la policía “porque sabían todo” y que, cuando “el jefe de la municipalidad iba al cabaret le daban mil pesos y él firmaba”.

Como consecuencia de las tareas investigativas, el 16 de diciembre de 2011 fue allanado el local nocturno. En el lugar había diez mujeres: nueve dominicanas y una argentina.

Además, se pudo corroborar que dentro del mismo predio donde se encontraba el cabaret había habitaciones y varias camas, donde vivían las mujeres y se realizaban los “pases”.

Durante el procedimiento, la encargada del local nocturno aportó la habilitación municipal correspondiente: llevaba la firma del intendente Bravo, bajo el rubro de “cabaret”. El documento establecía como propietaria del lugar a Caraballo Castillo.

Sin embargo, una ordenanza municipal, fechada el 3 de septiembre de 2010 y con la firma del intendente Bravo, prohibía “la habilitación de cabarets, whisquerías, clubes nocturnos y night clubs” en Colonia 25 de Mayo debido a que “han encubierto el delito de trata de personas, violando la Ley de Profilaxis, que prohíbe los prostíbulos en todo el país”.

Mientras el avance de la causa se demoraba por un conflicto de competencia, tiempo después de aquel procedimiento la fiscalía advirtió que el prostíbulo Venus había mutado su nombre a “Restó Bar Karjbjan”, y que seguía a cargo de Caraballo Castillo. Además, muchas de las mujeres que se encontraban trabajando como mozas en el local nocturno eran las mismas que se encontraban el día del allanamiento.

Luego de la insistencia del Ministerio Público Fiscal, el juzgado hizo lugar al pedido de indagatoria de Bravo, Caraballo Castillo y la encargada del cabaret. En la investigación se comprobó, incluso, que el “Restó Bar Karjbjan” también había sido habilitado por el intendente cuestionado.

Bravo fue procesado y enviado a juicio por haber permitido el funcionamiento del prostíbulo investigado a pesar de existir una ordenanza -que lleva su propia firma- que prohíbe “la habilitación de cabarets, nights clubs, whiskerías, etc. dentro del territorio de 25 de Mayo”.

El Tribunal Oral Federal de La Pampa lo condenó a cinco años de prisión, decisión que fue ratificado por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal. La defensa de Bravo llegó al máximo tribunal con un recurso extraordinario en queja. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti consideraron inadmisible la presentación.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó un «Recurso de hecho deducido por la defensa de David Edgardo Bravo en la causa Caraballo Castillo, Nurys y otros s/ incidente de recurso extraordinario». La medida anula el último recurso que tenía el ex intendente para rebatir una condena de 5 años de prisión efectiva por la imputación de “trata de personas”. Anoche la novedad sacudió a 25 de Mayo.

En 2011, una alternadora del cabaret «Venus», que operaba en la zona de quintas de 25 de Mayo, llamó a Migraciones y denunció que había mujeres a las que explotaban sexualmente. De allí, y tras unos trece años de recorrido en la Justicia, el 24 de febrero de 2023, tras varias audiencias de debate oral.

Para los jueces, las pruebas presentadas por la fiscal Iara Silvestre, les permitieron concluir en que «existen sobradas pruebas de la vulnerabilidad de las mujeres relevadas y su condición de víctimas de la trata de personas con la finalidad de obtener un provecho económico».

La decisión del TOF fue condenar a la dueña del cabaret, Nurys Caraballo Castillo, como autora, y al ex intendente David Edgardo Bravo, «como partícipe necesario del delito de trata de personas, en la modalidad de acogimiento de mujeres mayores de 18 años de edad, mediando abuso de una situación de vulnerabilidad, con la finalidad de explotación sexual, mediante el facilitamiento y la obtención de provecho económico de su comercio sexual, agravado por haberse cometido en perjuicio de más de tres víctimas, a la pena de 5 años de prisión, accesorias legales y costas, por los hechos ocurridos entre los días 16 de diciembre de 2011 y 6 de octubre de 2012, en la localidad de Colonia de 25 de Mayo».

Revés en Casación.

Ambos acusados presentaron un recurso ante la Cámara Federal de Casación Penal integrada por los jueces Daniel Antonio Petrone (presidente), Diego Barroetaveña y Alejandro Slokar (vocales), quienes el 8 de agosto pasado decidieron «rechazar los recursos de casación interpuestos por las defensas particulares de ambos con expresa imposición de costas».

A partir de ahí comenzaron a acortarse los plazos de la causa. Ante la consulta de este diario, desde la sede del TOF, aseguraron que «Casación al rechazar los planteos de nulidades que plantearon los doctores De La Vega (Caraballo) y Gastón Gómez (Bravo), confirmaron el fallo del TOF».

Recurso ante la CSJ.

La fuente también adelantó entonces a éste diario a que nuevas instancias que podían intentar ambos condenados para no ser detenidos para cumplir la pena. «Ahora ambos tienen diez días -a partir de la fecha del rechazo de Casación- para presentar un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia. Y si ésta se lo deniega, ir en queja al mismo, que es el máximo estamento judicial federal», confió la voz.

«La situación de la causa es la siguiente: Casación rechazó todos los planteos de nulidades, y en su fallo, uno a uno, confirmaron el 100% de lo actuado y dispuesto en la sentencia por el TOF. No se puede hacer futurología, pero las estadísticas señalan que en situaciones de similares características, en especial en casos de trata de personas, la CSJ solo ha aceptado abrir como mucho el 1% de estos recursos extraordinarios federales», señaló la fuente judicial a LA ARENA en ése momento, adelantando lo que pasó hoy.

¿Qué pasó? Que el integrante de la SCJ, el juez Ricardo Lorenzetti, emitió un voto desestimando el último recurso de Bravo y éste quedó a un paso de la detención. “Considerando: que el recurso extraordinario, cuya denegación originó esta queja, es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Por ello, se desestima la presentación directa. Intímese a la parte recurrente a que, dentro del quinto día de notificada, efectúe el depósito que dispone el art. 286 del código citado, a disposición del Tribunal, bajo apercibimiento de ejecución. Notifíquese y, oportunamente, archívese”, fue el breve texto de Lorenzetti, al que adhirieron sus pares Carlos Fernando Rosenkrantz y Horacio Daniel Rosatti.

Una fuente consultada por LA ARENA afirmó que la situación de David Edgardo Bravo depende de lo que decidan –posiblemente mañana- los tres jueces que integran el TOF de Santa Rosa. “Una vez que se notifiquen de la desestimación de la CSJ, los magistrados estarán en condiciones de decidir si ordenan la detención”, concluyó.

«Persecución política».

Bravo salió a dar su versión del caso judicial que hoy cerró todos los capítulos recursivos. En su página de Facebook, Bravo confirmó su situación. “Quiero informar al pueblo que después de 17 años de estar sujeto a derecho, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inadmisible el recurso presentado por mis abogados, sin embargo es oportuno aclarar que existen cuestiones procesales pendientes de resolución”.

«Son 17 años de espera de exposición y de persecución política que busco condicionarme y sacarme del camino. Quiero ser claro esto no es un final es una etapa más de una lucha que voy a seguir dando con la misma convicción de siempre», agregó. “Nunca me oculté, siempre di la cara, aun cuando muchos elegían el silencio o la especulación. Por eso puedo caminar tranquilo y mirar a cada vecino/a a los ojos, con la conciencia tranquila».

E insistió: “Lo que atravieso es una persecución política prolongada, injusta y desgastante, pero aun así voy a seguir esperando Justicia. Gracias a cada mensaje a cada gesto de apoyo y a cada palabra de aliento. Ese acompañamiento inmenso es una fuerza enorme».

«Voy a seguir adelante, con firmeza y dignidad, pase lo que pase y siempre respetando la voluntad de Dios. Podrán poner obstáculos, pero no van a cambiar quien soy ni aquello en lo que creo. La política se resuelve en las urnas”, concluyó.