Este viernes se realizó una nueva audiencia en los tribunales de Roca en la causa que tiene como único imputado a Axel Araneda por la muerte de cuatro personas en un siniestro fatal sobre la Ruta Nacional 22. Araneda, quien conducía una camioneta Volkswagen Amarok que impactó contra una Ford EcoSport en la que viajaban cinco personas, deberá continuar con prisión preventiva, tal como lo dispuso la jueza de Garantías Claudia Lemunao.
La audiencia concluyó cerca de las 13.45. Luego de escuchar los planteos de la Fiscalía, querella y defensa, la magistrada resolvió que el imputado siga detenido y rechazó tanto el pedido de libertad con tobillera electrónica como el de prisión domiciliaria con dispositivo de control, al considerar que persiste el riesgo de fuga.
Durante la audiencia, la defensa de Araneda, ejercida por el abogado Michel Richman, solicitó en primer lugar la libertad de su defendido con un dispositivo electrónico, sin autorización para salir del país, al sostener que el peligro de fuga no está acreditado. Como alternativa, pidió la prisión domiciliaria con tobillera electrónica.
Para sostener su planteo, Richman argumentó que no se incorporó al expediente un acta que diera cuenta del secuestro del dinero que la Fiscalía había mencionado como indicador de capacidad económica. Señaló además que Araneda no posee cuentas bancarias ni bienes registrables a su nombre, salvo una moto. También sostuvo que dos testigos del siniestro fatal declararon que el vehículo en el que viajaban las víctimas estaba detenido sobre la calzada sin balizas y que el imputado habría descendido de su camioneta con intención de ayudar tras el impacto.
La defensa cuestionó además la pericia utilizada para estimar la velocidad a la que conducía Araneda, al sostener que fue realizada de manera incorrecta y que no circulaba a más de 130 kilómetros por hora. Richman sumó objeciones al test de alcoholemia, al señalar que se habría practicado una sola vez, y remarcó que aún no se incorporaron al expediente los resultados de los análisis para determinar la posible presencia de estupefacientes en el cuerpo del imputado. Como último argumento, mencionó que Araneda ya cumplió una condena anterior y que en ese proceso respetó todas las medidas cautelares que se le impusieron, por lo que descartó la existencia de riesgo de fuga en esta oportunidad.
Por su parte, la Fiscalía, representada por la fiscal en jefe Graciela Etchegaray, solicitó que se rechace el pedido de la defensa y sostuvo que sí existe capacidad económica y peligro de fuga. Etchegaray señaló que el informe de Migraciones incorporado a la causa registra varios ingresos y egresos del país por parte del imputado, con viajes a Chile, Paraguay y Bolivia.
La fiscal también mencionó publicaciones en redes sociales del propio Araneda y de su pareja, en las que se exhibe un determinado nivel de vida y la utilización de distintos vehículos presuntamente vinculados a su actividad como vendedor de autos, aunque sin registros formales que permitan establecer sus ingresos. La Fiscalía aclaró además que durante un allanamiento en una propiedad vinculada al imputado se constató la presencia de dinero en dólares, que no fue secuestrado porque el procedimiento tenía como objetivo el secuestro de teléfonos.
La querella, ejercida por el abogado Marcelo Hertzriken Velasco, planteó que la jueza no tenía competencia para resolver el pedido de la defensa al señalar que existe una recusación pendiente sobre la prisión preventiva, que deberá ser analizada por un tribunal revisor en la audiencia prevista para el 16 de diciembre. No obstante, Lemunao resolvió que sí tenía competencia para expedirse sobre lo solicitado.
Al fundamentar su decisión, la jueza sostuvo que los cuestionamientos vinculados a la pericia de velocidad, el consumo de alcohol o estupefacientes y la valoración de las pruebas deben tratarse en la etapa de juicio. También señaló que no se acreditó que Araneda sea el sostén económico de su familia, como había planteado la defensa. En ese contexto, rechazó la libertad con tobillera electrónica y la prisión domiciliaria, y ratificó la prisión preventiva por riesgo de fuga.
El siniestro ocurrió el viernes 21 de noviembre de 2025, alrededor de las 7 de la mañana, sobre la Ruta Nacional 22. Murieron la doctora Liliana Cocuza, su hija Karina Gutiérrez y dos niños menores de edad, además de la mascota de la familia. En el vehículo también viajaba Pastor Gutiérrez, esposo de Liliana y abuelo de los niños, quien sobrevivió. La familia se dirigía desde Catriel hacia Las Grutas para pasar el fin de semana. La madre de los menores permaneció en Catriel, ya que estaba a punto de dar a luz a su tercer hijo, que nació una semana después.
