En el marco de una entrevista realizada en FM Alas, en el programa Hoy X Hoy, las concejales Juana Cárdenas (JSRN) y su par Elizabeth Cofré (1° RN), advirtieron sobre presuntas irregularidades en el tratamiento y aprobación de ordenanzas vinculadas al Banco de Tierras municipal.
Un proyecto interbloque ante una situación “grave”
Cárdenas explicó que ambos bloques opositores impulsaron un proyecto conjunto tras detectar una situación que calificó como “muy grave” dentro del Concejo Deliberante. El origen del conflicto se remonta a una nota ingresada en 2024, mediante la cual se proponía la desafectación de nueve parcelas —espacios verdes y reservas fiscales— para incorporarlas al Banco de Tierras.
Según detalló, el expediente fue tratado en comisión y posteriormente llevado a sesión, donde se votó su aprobación. Sin embargo, al revisar el proceso tiempo después, la edil detectó inconsistencias que encendieron las alarmas.
La clave: una mayoría especial que no se cumplió
De acuerdo a lo expuesto, la Carta Orgánica municipal establece que para desafectar tierras de dominio público se requiere una mayoría especial de seis votos sobre ocho. No obstante, la votación terminó con cinco votos afirmativos y tres abstenciones, lo que, desde su interpretación, invalida el procedimiento.
Pese a ello, la norma siguió su curso administrativo: fue girada al Ejecutivo, promulgada y publicada oficialmente, lo que generó un fuerte cuestionamiento por parte de la oposición.
“La ordenanza tiene un vicio de origen y no cumple con lo que exige la Carta Orgánica”, advirtió.
Irregularidades en el procedimiento y falta de transparencia
Cárdenas también señaló otras anomalías en el tratamiento del expediente, como la incorporación de documentación sin los procedimientos formales correspondientes. Según explicó, algunas planchetas catastrales habrían sido anexadas sin el debido ingreso administrativo, lo que influyó en su decisión de abstenerse en la votación.
Además, remarcó que ya existían señales previas de que no se contaba con los votos necesarios, lo que —según su análisis— agrava la situación, ya que igualmente se avanzó con la sanción de la norma.
Impacto sobre bienes públicos y posibles consecuencias
La concejal hizo especial hincapié en que las parcelas involucradas eran de uso comunitario, por lo que su desafectación afecta directamente al patrimonio de todos los vecinos de Catriel.
En ese sentido, planteó que:
- Los terrenos pertenecían a la comunidad como espacios verdes o reservas fiscales.
- Su desafectación sin mayoría especial constituye un hecho institucionalmente grave.
- La ordenanza podría ser considerada nula por su origen irregular.
También advirtió que algunas de estas tierras ya podrían haber sido vendidas, lo que abre un escenario aún más complejo desde el punto de vista legal.
Pedido de informes y revisión integral
Ante este panorama, Cárdenas impulsó un pedido de informes para conocer en detalle el destino de las parcelas desafectadas, tanto de este caso puntual como de otras operaciones realizadas entre 2024 y 2026.
El objetivo, según explicó, es determinar:
- Si los terrenos fueron efectivamente vendidos.
- Quiénes son los adjudicatarios.
- En qué condiciones se realizaron esas operaciones.
Además, solicitó que se lleve adelante una revisión jurídica, técnica y registral de cada caso, y que se evalúe la nulidad de la ordenanza en cuestión.
Un conflicto que escala en la política local
Las declaraciones de Cárdenas se suman a las críticas ya expresadas por Cofré, consolidando un frente opositor que cuestiona no solo el procedimiento administrativo, sino también el accionar del Ejecutivo municipal encabezado por la intendenta Daniela Salzotto.
El eje del debate ya no se limita a una discusión política, sino que pone en el centro la legalidad de las decisiones vinculadas al uso y disposición de tierras públicas, con posibles derivaciones judiciales y un fuerte impacto institucional en la ciudad.
ELIZABETH COFRE (|1° Río Negro)
Cofré sostuvo que el eje del conflicto no es político sino jurídico. Según explicó, la ordenanza vinculada a tierras públicas —identificada como 384/24— nunca debió considerarse válida, ya que no alcanzó la mayoría especial requerida por la Carta Orgánica municipal.
La edil afirmó que para su aprobación eran necesarios seis votos, pero solo se obtuvieron cinco, lo que, a su entender, invalida su carácter legal. Pese a ello, el Ejecutivo avanzó con su promulgación, situación que encendió las alarmas dentro del bloque opositor.
En ese sentido, Cofré fue especialmente crítica con los concejales oficialistas, a quienes responsabilizó por haber acompañado una iniciativa que no cumplía con los requisitos formales. Además, apuntó directamente al Ejecutivo municipal por avanzar en la promulgación de una norma que, desde su visión, carece de validez.
Asimismo, advirtió que podría impulsarse un pedido de nulidad de la ordenanza, no descartó la posibilidad de iniciar acciones judiciales y señaló que el caso podría derivar en un juicio político si se comprueban responsabilidades.
Otro de los puntos centrales de la denuncia gira en torno al destino de las tierras públicas. La concejal expresó preocupación por las desafectaciones de espacios y su incorporación al Banco de Tierras, señalando la necesidad de verificar si se están utilizando con el fin específico de vivienda única o si existen otros intereses.
También planteó interrogantes sobre las adjudicaciones realizadas, al indicar que, en caso de haberse concretado operaciones bajo una normativa inválida, incluso quienes adquirieron terrenos podrían haber sido perjudicados.
Finalmente, Cofré solicitó que el tema sea revisado en profundidad dentro del Concejo Deliberante y que se brinden explicaciones claras a la comunidad. Insistió en que no se trata
de un error administrativo menor, sino de una situación grave que podría sentar un precedente peligroso en la administración de bienes públicos.
TERESA CARDONA (Fte Acción Vecinal)
En medio de la creciente polémica por el Banco de Tierras en Catriel, la concejal Teresa Cardona salió a respaldar la actuación del oficialismo y defendió la aprobación de la ordenanza vinculada a la desafectación y venta de terrenos municipales.
Las declaraciones fueron realizadas en FM Alas, durante el programa Hoy X Hoy, donde la edil respondió a los cuestionamientos impulsados por sectores de la oposición.
Cardona expresó su preocupación por lo que consideró un cambio de postura de la oposición con el paso del tiempo y cuestionó que se ponga en duda un proceso que, según sostuvo, debió haberse observado en su momento si existían irregularidades.
En ese sentido, remarcó que las concejalas opositoras tenían conocimiento del tratamiento del expediente y que, de haber detectado errores, debieron haberlos señalado durante el debate o en las actas correspondientes.
Asimismo, la concejal apuntó contra administraciones anteriores, al señalar que en otros períodos se habrían desafectado tierras que terminaron en manos de funcionarios y personas vinculadas al poder político.
Según indicó, quienes hoy cuestionan decisiones similares, en el pasado habrían avalado prácticas que beneficiaron a sectores particulares.
Cardona defendió el criterio del oficialismo al momento de avanzar con la desafectación de parcelas, asegurando que el objetivo es dar respuesta a la demanda habitacional y beneficiar a la comunidad.
Afirmó que, en la actual gestión, no existen casos de funcionarios o allegados que hayan sido favorecidos con la adjudicación de terrenos, y remarcó que el compromiso es garantizar el acceso a la tierra para vecinos que realmente lo necesitan.
En relación al planteo de nulidad impulsado por la oposición, la edil fue tajante al señalar que el Concejo Deliberante no tiene facultades para anular una ordenanza, y que en todo caso debe intervenir la Justicia si se considera que hubo irregularidades.
Finalmente, insistió en que el debate no debe centrarse en cuestiones políticas, sino en el cumplimiento de los roles institucionales que le corresponden a cada poder del Estado.
Diego Pereyra (Secretario de Gobierno)
Pereyra pidió aire para responder los cuestionamientos de las concejales opositoras y fijar la postura del Ejecutivo municipal.
El funcionario, de reciente asunción en el gabinete de la intendenta Daniela Salzotto, cuestionó con dureza los planteos de la oposición y aseguró que las críticas responden a una intención política de perjudicar a la actual gestión.
Según expresó, le sorprendieron las declaraciones de las concejalas, al considerar que existen inconsistencias en sus argumentos y un desconocimiento del funcionamiento institucional.
Pereyra remarcó que el Poder Ejecutivo no tiene responsabilidad en la supuesta irregularidad denunciada, ya que su rol es promulgar las ordenanzas que llegan aprobadas desde el Concejo Deliberante.
En esa línea, sostuvo que la sanción de una ordenanza es competencia exclusiva del Concejo, que el Ejecutivo actúa sobre lo ya aprobado por el cuerpo legislativo y que, si existiera algún error, la responsabilidad también alcanza a quienes participaron de la sesión, incluidas las concejalas opositoras.
Además, señaló que el hecho de haberse abstenido en la votación no exime de responsabilidad a las ediles, ya que forman parte del órgano que tomó la decisión.
El secretario de Gobierno también cuestionó el planteo de nulidad impulsado por la oposición, al afirmar que no corresponde desde el punto de vista legal y que evidencia un desconocimiento del procedimiento administrativo.
A su vez, indicó que en el acta de la sesión no consta que las concejalas hayan advertido irregularidades en el momento de la votación, lo que, según su visión, debilita el reclamo actual.
En relación al eje central del conflicto, Pereyra defendió el proceso de venta de tierras municipales y sugirió que quienes cuestionan deberían informarse en detalle sobre los procedimientos administrativos antes de realizar denuncias públicas.
También lanzó críticas hacia gestiones anteriores, al señalar que durante gobiernos previos se habrían concretado ventas de terrenos incluso a funcionarios, marcando un contraste con la actual administración.
Pese al tono crítico, el funcionario aseguró que días atrás mantuvo reuniones con concejales de la oposición y que desde el Ejecutivo existe predisposición para trabajar de manera conjunta en caso de detectarse errores.
Sin embargo, cuestionó que luego de esos encuentros se haya optado por llevar el conflicto al plano mediático, lo que, según indicó, no contribuye a una solución institucional.
El cruce entre el Ejecutivo y la oposición profundiza la tensión política en torno al Banco de Tierras, un tema que ya trascendió el ámbito legislativo y se instaló en la agenda pública local.
Nelson Díaz (Pte Concejo Deliberante) (FaV)
Nelson Díaz brindó su punto de vista donde reconoció la existencia de un error en el proceso, aunque descartó responsabilidades directas del Ejecutivo municipal.
Díaz explicó que la situación se originó a partir de un problema en el tratamiento de la ordenanza dentro del propio Concejo Deliberante. Según indicó, si bien el proyecto fue aprobado en sesión, no alcanzó la mayoría especial requerida, sino una mayoría simple.
En ese contexto, sostuvo que la ordenanza se sancionó por error, ya que no cumplía con los requisitos necesarios para su aprobación formal.
El edil fue claro al señalar que el Poder Ejecutivo actuó en base a lo que recibió desde el ámbito legislativo, por lo que descartó que haya existido una intencionalidad en la promulgación.
En línea con lo expresado por otros referentes del oficialismo, remarcó que el Ejecutivo promulga lo que el Concejo aprueba, que el error se generó en el proceso interno del cuerpo legislativo y que no corresponde que la intendenta revise cada ordenanza antes de su promulgación.
Además, sostuvo que se trató de una falla administrativa vinculada al circuito interno del Concejo.
Díaz también dejó entrever que el inconveniente pudo haberse originado en el funcionamiento de la Secretaría Legislativa, al mencionar que la documentación habría sido elevada de manera incorrecta.
Sin profundizar en responsabilidades individuales, deslizó que el error podría estar vinculado a gestiones anteriores dentro del propio Concejo.
El concejal oficialista también se refirió a versiones que circularon respecto a posibles beneficios a familiares de dirigentes, desmintiendo que exista algún caso dentro del oficialismo actual.
